El diseño de los sistemas de pensiones encuentra su base en la necesidad de proporcionar renta a determinados sectores de la población que, afectados por diferentes contingencias (edad, desempleo, accidentes, enfermedad, etc.), no pueden acceder al mercado de trabajo y, en consecuencia, quedan en situación de desprotección.

Las formas de hacer llegar las rentas a estos sectores de la población y de gestionarlas son dos:

1ª El sistema de capitalización, y 2ª El reparto.

El primero supone un sistema de capitalización individual donde cada trabajador va ingresando; es decir, se cotiza para uno mismo y, por tanto, de esas aportaciones dependerá la cuantía de su pensión.

Por el segundo, el sistema de reparto, los trabajadores en activo son los que cotizan para hacer frente a las pensiones de los jubilados actuales. Se observa en este sistema el principio de solidaridad intergeneracional que no está presente en la capitalización.

El sistema seguido en España es el conocido como de reparto: el trabajador cotiza, de manera mensual o diaria, en función de su grupo de cotización.

Pudiera pensarse, en principio, en las bondades de un sistema sobre otro fundamentalmente con base en el principio de solidaridad intergeneracional u otros aspectos de eficiencia en la gestión, pero lo cierto es que ambos sistemas plantean una problemática común desde el punto de vista de su gestión como consecuencia de la imposibilidad de desligarse de la marcha de la economía en todo momento. Los efectos más inmediatos en el sistema de reparto son evidentes: en épocas donde la situación económica no presenta problemas y los indicadores presentan índices adecuados, no surgen inconvenientes. Ahora bien, en épocas de contracción o recesión de la economía por lo general suele ocurrir que el desempleo aumenta y, consecuentemente, las prestaciones por ese concepto: hay menos trabajadores cotizando y por tanto se produce una disminución de la recaudación etc,. De igual modo, el sistema de capitalización individual no está exento de los avatares de la economía. La pérdida de valor del capital acecha de manera implacable.

La demografía, el gasto en pensiones y su financiación:

1.-Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un millón de habitantes en los próximos 15 años y 5,6 millones en los próximos 50 años. El porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064

NE. Notas de Prensa. 28 de octubre de 2.014.

2.-La nómina en pensiones del mes de agosto actual ha supuesto un aumento del 6,26% con respecto a Agosto de 2.021. El gasto total de pensiones en España fue de 10.856,99 millones de euros en agosto de 2022. Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando7.860,08 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad (1.832,68 millones de euros), incapacidad permanente (985,31 millones), orfandad (150,5 millones) y las de favor familiar (28,42 millones). Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3.-La hucha de pensiones pasó de estar dotada en 2.011, bajo el mandato del presidente Zapatero, con 66.815 millones de euros, a una cantidad testimonial en 2.017. Los gobiernos de Mariano Rajoy acabaron con la hucha de pensiones en España.

Sin duda, la realidad descrita necesita de algo más que buenas intenciones para hacerle frente. El gobierno de Pedro Sánchez, preparó un informe conocido como 'El Quinto Desafío. Gobierno de España, mayo de 2021, informe España 2050: Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva', donde se analizan los retos que se derivan del envejecimiento de la población. Primero, aumento del gasto público. Segundo, evolución de la tasa de sustitución y tercero la financiación. Nótese cómo el grueso de los grandes retos que plantea el informe hacen referencia a la financiación.

A este respecto se pronuncia Fernando de Miguel, miembro de Economistas frente a la crisis que asegura que la denominada generación baby boom, sí financió sus futuras pensiones: Los compromisos presupuestarios necesarios, además de obligatorios, son posibles.Las previsiones expuestas de gasto en pensiones llegan al 13,5% del PIB en el año 2047, disminuyendo desde este año. Este porcentaje está en línea o por debajo, del de algunos de los principales países de la UE para los años 2013/15, como Austria, Finlandia, Francia o Italia, que adelantaron su expansión demográfica, (OCDE, Pensions at a Glance 2017 y Comisión Europea, The Ageing Report 2015) sin que esto impidiese su desarrollo económico, como todos sabemos.

La cuestión es, con los datos que nos ofrecen los organismos oficiales, ¿existen razones para el optimismo? Y sobre todo ¿cuáles son las medidas adoptadas por el Gobierno en garantía de la sostenibilidad de las pensiones?

La clave la encontramos en el componente 30: Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, donde el paquete de reformas que se proponen deben formar parte del diálogo social en el Marco del Pacto de Toledo, concretamente:

-Separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, con la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva.

- Alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación a través de incentivos a la demora.

- Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación.

- Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional.

- Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales.

- Modificación del complemento de maternidad de pensiones mediante un nuevo diseño, como se expresó en el Real Decreto-ley 3/2021,con el objetivo de compensar el coste que el nacimiento y el cuidado de los hijos tiene para los progenitores, fundamentalmente para las madres, de manera que se contribuya decisivamente a la reducción de la brecha de género en pensiones.

- Reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones, por la que se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos.

- Adecuación de la base máxima de cotización del sistema.

Tengo el convencimiento que la sostenibilidad de las pensiones debe ser el propio sistema actual de pensiones, pero sin tener una visión parcial y única del problema. Las pensiones en España se encuadran dentro del Estado del Bienestar y el mantenimiento del mismo no es ajeno al resto de políticas públicas desde las que se puede y se debe influir al sostenimiento de las pensiones. Hay que alejarse de recetas irrefutables que ponen el acento del problema en la disyuntiva de: o esto o el caos. La solución ha de venir de una visión de conjunto de nuestro sistema económico, político y social con intervención pública que procure un más eficiente reparto de cargas y derechos.

La relación equilibrio presupuestario/número de pensionistas requiere que la intervención pública absorba el impacto del envejecimiento de la población sin provocar desequilibrios financieros.

Transferencias vía Presupuestos Generales del Estado, una mejora de la eficiencia en la recaudación de impuestos acometiendo problemas como la evasión impositiva, la progresividad fiscal recaudando más de quienes más tienen, la lucha contra la economía sumergida, una mayor dotación de los servicios de Inspección Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal y las reformas normativas necesarias etc., son acciones de políticas públicas determinantes para el mantenimiento del Estado del Bienestar y con ello, de la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Pese a la obstinada realidad, las pensiones sí son sostenibles sin necesidad de que su reforma la sufran y padezcan los pensionistas y trabajadores actuales ni los futuros.