Chapuzas sí o sí. Es una ley insensata que se ha hecho de espaldas del consenso de colectivos sociales, asociaciones y juristas. Hasta la fecha ya son 338 casos de delincuentes con penas rebajadas que ya están en la calle, y de esa desfachatez el único culpable es el presidente del gobierno

Un gobierno que desprotege a las mujeres no es un gobierno feminista. El feminismo es sinónimo de sentido común, no de despropósitos

Tras haberse cargado el Pacto de Violencia de Género el gobierno socialista de Pedro Sánchez, ahora nos encontramos con la “chapuza” de la Ley del Sí es Sí. Lo que está ocurriendo en este país con este gobierno es para reflexionar y para estar muy preocupados.

El propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género garantiza las protecciones a las víctimas de violencia, pero sin embargo la ya famosa ley del «sí es sí» ha resultado una auténtica “chapuza” que permite a los delincuentes rebajar sus penas, bloquea cualquier debate serio y racional sobre las penas impuestas, pone en libertad a delincuentes y violadores y por consiguiente en peligro a los ciudadanos.

A pesar de las dimensiones de la “chapuza”, la ley del «sí es sí» es algo más que todo eso. Parte de algo que no hay más remedio que llamar una mentira consciente, como es el a priori de confianza absoluta depositada en una de las partes, en este caso el testimonio femenino. Precisamente es una ley que pone en peligro a las mujeres porque pone en la calle a los violadores, pederastas y a los delincuentes. Es un sin sentido. Hasta la fecha ya son 338 casos de delincuentes con penas rebajadas que ya están en la calle, y de esa desfachatez el único culpable es el presidente del gobierno. Ahora parece que quieren rectificar y es ahora cuando quieren escuchar a juristas y colectivos, pero ya hay 338 violadores en la calle y ya no hay marcha atrás, ¿quién será el responsable de cualquier tipo de agresión por parte de estos delincuentes en caso de que reincidan?. La única responsabilidad corresponde al Sr. Pedro Sánchez y su gobierno de marionetas que no hizo caso a la sentencias del Tribunal Supremo cuando advirtió de lo que podría ocurrir.

Es una ley insensata que se ha hecho de espaldas al consenso de colectivos, asociaciones y juristas. Se trata por tanto de una falacia intencionadamente construida por motivos políticos. Eso es lo que convendría aclarar, y denunciar, más allá de la incapacidad de una ministra o del conjunto del Consejo de ministros, incluido su presidente, que también, ya deberían haber rectificado o dimitido.

Somos la “alarma social del mundo” con este gobierno numerosos abogados de condenados por delitos contra la libertad sexual bajo el anterior Código Penal han obtenido la aplicación automática de la rebaja de penas que en algunos supuestos contempla la nueva ley. Los jueces actúan en cumplimiento del mandato de retroactividad favorable al reo del Código Penal que obliga a aplicar la norma que más favorece a los condenados con carácter retroactivo…y lo peor es que contra esto ya no hay marcha atrás. El propio Código, en su Disposición Transitoria 5ª indica que la ley posterior no será más favorable al condenado si con ella se puede imponer la misma pena anterior, por situarse en la horquilla entre la pena mínima y la máxima de la nueva regulación.
Lo que podemos constatar es que, la nueva ley no incluyó, como hacen todas las leyes, la disposición transitoria segunda —las reglas que establecen la transición entre un Código y otro— y que hubiera impedido en muchos casos una variación de la pena siempre que la nueva estuviera dentro de la horquilla existente cuando el reo fue juzgado. En ninguno de los trámites por los que pasó la ley, en el Ministerio de Igualdad, en el Consejo de Ministros, el Parlamento y los órganos consultivos, CGPJ y Consejo de Estado, se detectó esa ausencia. Lo que sí advirtió el informe preceptivo pero no vinculante del Consejo General del Poder Judicial en sus puntos 241 a 245 era el riesgo de que ocurriera lo que finalmente está ocurriendo: que se produjeran rebajas de penas en las revisiones de condenas. No se atendió ese riesgo por parte del Ministerio de Igualdad que hasta hace poco sostenía que no habría ni un solo caso.
Se obvia el principio de proporcionalidad de las penas. No tardaremos en ver agravios comparativos en los que hechos más graves se castiguen con penas incluso inferiores a otros de menor gravedad.

Entre las rebajas más llamativas destaca la de la agresión sexual con agravantes, que antes se castigaba con una horquilla de cinco a diez años de prisión, y ahora pasa a ser de entre dos y ocho años. Esta rebaja es muy importante porque, al descender la pena mínima de los cinco a los dos años, permitirá acuerdos de conformidad entre la defensa y la Fiscalía, por solo dos años, que eviten la entrada en prisión del agresor.

Por ejemplo, en el caso de una agresión sexual grupal (agravante del artículo 180), a partir de ahora será posible llegar a un acuerdo de conformidad y que el acusado acepte dos años de prisión con suspensión de la ejecución, evitando el ingreso en prisión. Antes esto era imposible, pues la pena mínima de la agresión con agravantes se situaba en los cinco años, muy por encima del límite de dos años que establece el art. 80.2.2º del Código Penal para la suspensión de la ejecución de las penas, por lo que el reo entraba en prisión siempre.
Además, esta bajada de penas permitirá, en muchos casos, que reos ya condenados por estos delitos soliciten ahora una revisión a la baja de sus condenas, en virtud del principio de retroactividad de la ley penal más favorable (art. 2.2. del Código Penal). ¿nadie en el Gobierno cayó en la cuenta de que esto iba a ocurrir?- podría acabar elevando de manera considerable -todo dependerá del criterio que adopte el Tribunal Supremo– el número de condenas revisadas. Entre estos supuestos está el de La Manada, que con la nueva ley habría recibido una condena inferior, y que con toda seguridad intentará una revisión.

Un gobierno que desprotege a las mujeres no es un gobierno feminista. El feminismo es sinónimo de sentido común no de despropósitos como esta Ley “Chapuza”