La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista de Motril, Gádor Domínguez, ha anunciado hoy, 10 de octubre, el voto en contra del Partido Socialista (PSOE) a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 8, que regula la tasa de recogida y tratamiento de residuos.

Domínguez ha explicado que el grupo socialista comparte la obligación legal de adaptar la tasa a la Ley 7/2022 y a la Directiva Europea sobre Economía circular, que establecen el principio de "quien contamina paga".

Sin embargo, ha subrayado que la propuesta del equipo de Gobierno no garantiza una transición justa ni equitativa y que "no podemos apoyar una subida que recae sobre las familias y los pequeños negocios, sin diálogo, sin participación y sin un estudio de impacto social transparente".

"Cumplir con la ley no puede convertirse en castigar a quienes menos tienen. Esta ordenanza no tiene en cuenta la renta ni las realidades sociales de Motril", ha afirmado.

Una tasa "injusta" que genera desigualdades

La modificación sustituye el sistema anterior por otro basado en la superficie de los inmuebles. En teoría, aplica criterios medioambientales, pero en la práctica implica que muchos vecinos y comercios pagarán más sin recibir un mejor servicio.

La socialista ha advertido, además, que esta tasa genera desigualdad territorial, ya que "una familia con un piso medio de noventa metros pagará prácticamente lo mismo que ahora, pero en barrios donde predominan viviendas más antiguas y amplias muchas familias verán incrementadas sus cuotas, pese a que sus ingresos no han mejorado, frente a nuevas zonas residenciales de alto nivel adquisitivo que pagarán igual o menos".

"Una casa grande en un barrio modesto pagará más que un piso en una urbanización de lujo. Eso no es justo. La renta debe ser un factor esencial a la hora de establecer un tributo, y este gobierno no lo ha tenido en cuenta", ha manifestado.

Igualmente, ha lamentado que la medida perjudique especialmente al pequeño comercio, con incrementos en las cuotas de entre un 30% y un 60%. "Un establecimiento de 100 metros pasará de pagar unos 240 euros a casi 375 euros anuales. Y, para colmo, eliminan las bonificaciones que antes podían aliviar esta carga. ¿Así se apoya al comercio local?", ha cuestionado.

Sin transición ni sensibilidad social

El Grupo Socialista motrileño ha recordado que la ley exige equilibrio financiero, pero no impone hacerlo sin gradualidad ni medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. La ordenanza, además de eliminar bonificaciones a locales comerciales y emprendedores con discapacidad, mantiene una ayuda insuficiente para pensionistas, de apenas 1.000 euros por familia.

"El Ayuntamiento debería haber aprovechado estos dos años para diseñar una transición justa, con participación ciudadana y transparencia. No se ha hecho, y ahora las consecuencias recaen sobre la ciudadanía", ha denunciado.

El PSOE propone una revisión de la tasa con criterios de equidad, sostenibilidad y justicia social, con los siguientes objetivos: ajustar las tarifas a la renta y realidad económica de los hogares; recuperar las bonificaciones a emprendedores con discapacidad; restablecer reducciones a locales comerciales y autónomos; introducir bonificaciones sociales a familias con rentas bajas; y garantizar que la tasa premie el reciclaje y la reducción de residuos, no que sea un mero instrumento recaudatorio.

"Cumplir la ley europea no significa castigar a los motrileños. Significa aplicar políticas responsables y solidarias. Y eso es lo que hoy no se ha hecho", ha concluido Gádor Domínguez.