UGT-Servicios Públicos de Granada celebrará una manifestación en Granada el próximo 9 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, desde Neptuno hasta la plaza Isabel La Católica, para protestar por los efectos negativos de la nueva orden por la que se desarrolla el procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la comunidad autónoma de Andalucía.

Juani López, secretaria general de UGT-Servicios Públicos de Granada, ha explicado las consecuencias negativas del nuevo decreto de simplificación administrativa que la Junta ha puesto en marcha y el cambio que han dado para adjudicar plazas. "No se hacen PIAS (Programa Individual de Atención, que es el documento en el que se recogen los servicios y prestaciones que se le conceden en concreto a una persona en situación de dependencia), y a las familias le ofrecen el pago directo al usuario desde el mes siguiente, 300 euros, a cambio de plaza en residencia o servicio de ayuda a domicilio, que tardaría hasta dos años en disfrutar".

Por ello, los afiliados y delegados de UGT en los distintos centros de valoración de Andalucía han trasladado al sindicato que no se están haciendo valoraciones de los usuarios. "Esto va a suponer muchas menos horas para la ayuda domiciliaria y para las residencias y centros de día", ha señalado. A juicio de López, se está haciendo "un chantaje en toda regla" a los familiares, diciéndoles que "si aceptan la prestación económica tendrán pronto la valoración para el servicio de ayuda a domicilio o la residencia pública, pero esto no es cierto, va a seguir tardando más de dos años".

Tras el esfuerzo que ha costado profesionalizar al sector, a través de los certificados de profesionalidad, ha recordado la ugetista, "por un lado, va a haber mucho desempleo en el sector de dependencia y ayuda domicilio, y, por otro, va a haber muchas personas mayores que no van a ser atendidas por profesionales, incluso con grados de dependencia II y III, que requieren cuidados profesionales".

"No podemos permitir otra vez volver al modelo anterior, con personas mayores desatendidas. La prestación de este servicio la tienen que dar los profesionales, no lo pueden dar sólo familiares", ha concluido.

Por su parte, Juan José Carrillo, presidente de la Asociación Granadina de Centros de Pensiones Mayor, AGRACAM, tras apoyar la movilización convocada por UGT, ha manifestado su protesta enérgica por la paralización de todos los procedimientos de asignación de la dependencia, y las repercusiones que esto va a tener a medio plazo, tanto sobre la calidad de vida de los mayores que están pendientes de la adjudicación de algún recurso como sobre la revisión de su estado de dependencia y, lógicamente, sobre el trabajo y la viabilidad de los centros de atención al mayor, en concreto, de la residencias.

"Éstas son cuestiones que vienen sucediendo desde hace ya algunos meses", ha afirmado Carrillo, denunciando, por tanto, el perjuicio que esto va a causar, sobre todo a los mayores que ven cómo sus derechos están siendo vulnerados". De hecho, ha aseverado, "ya se está viendo cómo a personas con alto grado de dependencia están asignándoles recursos que, desde luego, no son los adecuados para su estado de dependencia".