Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2025, hechos públicos hoy, 24 de octubre, sitúan a Granada con una tasa de paro de un 19,01%: 88.300 personas, 9.000 más que el trimestre anterior (79.300), pero 11.100 menos que justo hace doce meses (99.400). La tasa de empleo se sitúa en el 46,73 %, con 376.000 ocupados, 15.900 más que hace tres meses (360.100) y 26.600 más que hace justo un año (349.400). Granada, sin contar Ceuta y Melila, es la primera provincia con más paro de España.

Para Encarna Vargas, secretaria de Empleo y Política Sindical, Institucional y Sociedad de UGT Granada, los datos de la EPA del tercer trimestre de 2025 se han debido, en parte, al último mes del trimestre, septiembre, que “ha hecho que el impulso estacional de la actividad en el sector servicios, en el periodo de la temporada estival y de rebajas (julio y agosto) con gran porcentaje de empleo estacional y precario, se haya destruido en dicho mes”.

Así las cosas, ha puesto el foco en las “deficiencias persistentes que existen en nuestro mercado laboral”, señalando que una de ellas ha sido la de la parcialidad involuntaria, que afecta a casi la mitad de las personas que trabajan a jornada parcial en Granada. Esta problemática se ha relacionado con “cómo se distribuyen las horas de trabajo y ha sido la responsable de gran parte de las situaciones de insuficiencia de ingresos de los hogares granadinos".

Vargas ha reiterado la necesidad de la nueva ley de reducción de la jornada. "Por ello, UGT va a seguir exigiendo que se apruebe ya para limitar el máximo de jornada laboral semanal a 37,5 horas semanales, un compromiso del Gobierno que, además de ayudar a afrontar problemas como la parcialidad involuntaria o incrementar la productividad, tiene un amplio respaldo de la sociedad".

En cuanto al desempleo de larga duración, la ugetista ha criticado la gestión autonómica. "También ha habido un grave problema con el elevado paro de larga duración, lo que ha mostrado la incapacidad de las actuales políticas activas de empleo, dependientes de la Junta de Andalucía, de orientar profesionalmente y, en consecuencia, de mejorar la empleabilidad de las personas e intermediar para colocarlas en aquellas empresas con vacantes”. Sin una reforma de las políticas activas de empleo y un apoyo decidido en recursos económicos y humanos a los servicios públicos, “este problema persistirá” y las personas que parten de situaciones más vulnerables a la hora de reincorporarse a la actividad van a seguir encontrando las mismas dificultades, ha afirmado.

Finalmente, Vargas ha indicado que "se mantienen, además, problemas estructurales en el mercado laboral granadino”. Entre ellos ha destacado la urgencia de “mejorar los salarios, que han seguido sin reflejar el esfuerzo de quienes sostienen con su trabajo el crecimiento económico”. En este sentido, ha opinado que es fundamental que se impulse un reparto más justo de los enormes beneficios que han estado logrando la mayor parte de las empresas. Este reparto debe traducirse en incrementos salariales significativos, “capaces de devolver la capacidad adquisitiva perdida a las personas trabajadoras y de garantizar condiciones de vida dignas", ha concluido.