Las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han anunciado este lunes, 27 de octubre, en rueda de prensa el inicio de las movilizaciones para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, que impide un nuevo acuerdo salarial que beneficie a los empleados de todas las administraciones públicas, entre otras reivindicaciones pendientes. Se trata de una concentración, este 30 de octubre, a las 12:00 horas, en la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Esta movilización, según han explicado, es sólo el inicio de una campaña de protestas que se extenderá hasta final de año, sin descartar la huelga.

Victoria Eugenia Pineda del Pino, presidenta de CSIF Granada, ha señalado que el Ministerio de Función Pública bloquea la negociación en una actitud poco democrática, despreciando la labor de más de tres millones de servidores públicos que realizan un trabajo diario anónimo pero crucial. En este sentido, ha recordado que "son empleados que gestionan nuestras prestaciones sociales, el paro, el cobro del ingreso mínimo vital, la sanidad, la educación, personas que día a día sostienen los servicios públicos en este país y a los que el Gobierno está relegando a un segundo plano y solo se acuerda de ellos cuando hay una catástrofe como la pandemia o la DANA".

"Este gobierno, que exige mejoras a la patronal en el sector privado, se olvida de sus obligaciones como patronal en el ámbito público. En Granada, el Gobierno central debe ya, solamente en los últimos diez meses de este año 2025, algo más de cuarenta y un millones de euros a sus empleados públicos. En Andalucía hablamos de 310.000.000 y a nivel nacional de 1.860 millones de euros solo en estos últimos diez meses. El Gobierno central se niega a subirnos el sueldo como al resto de los españoles y nos condena a seguir perdiendo poder adquisitivo; más de un 3% en lo que va de año y más de un 20% desde los recortes del 2010", ha criticado.

Pineda ha indicado que, "aunque el listado de cuestiones a negociar es largo, reclamamos un acuerdo plurianual para recuperar el poder adquisitivo y desbloquear la subida de este año, que se nos suba la inflación más un porcentaje adicional pactado con las organizaciones sindicales. Y no queremos más excusas: el Gobierno puede subir los salarios aunque no haya presupuestos. Nos están utilizando como rehenes para la negociación en el Parlamento".

Por su parte, Mari Ángeles Carranza, secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. Granada, ha advertido que "si persiste la actitud de bloqueo de la negociación y la situación de abandono a los servicios públicos por parte del Ministerio no descartamos incluso una huelga general de los empleados y empleadas públicos a nivel nacional en diciembre".

Concretamente, ha explicado que "pedimos mejor salario y más empleo para 500.000 funcionarios públicos andaluces y 66.000 empleados en Granada. Porque es incomprensible que en un contexto de crecimiento económico la mayor patronal de este país mantenga el sueldo congelado y sigamos perdiendo año tras año poder adquisitivo". Por ello, Carranza ha afirmado que "es necesario blindar los servicios públicos, eliminando la tasa de reposición, y que con unas plantillas envejecidas y escasas la alta temporalidad no garantiza la calidad de los servicios esenciales".

"La falta de personal en el sector público incide directamente en servicios como los bomberos, agentes forestales que han apagado los recientes incendios y han participado en la DANA, los maestros y profesores que educan a nuestros hijos e hijas, o el personal sanitario tan aplaudido en la pandemia, entre otros". Por estos motivos, desde CC.OO. "convocamos a esta concentración el próximo día 30 a toda la ciudadanía para exigir unos servicios públicos esenciales de calidad, con personal suficiente y unos salarios dignos".

Por último, Juana López, secretaria general de UGT Servicios Públicos de Granada, ha declarado que la movilización pretende hacer ver al Ejecutivo que se tiene que sentar en una mesa con los representantes legales de los trabajadores a negociar una mejora retributiva, tras más de nueve meses en los que los sueldos públicos siguen congelados. "Si no se escucha a los empleados públicos, las protestas irán a más, sin descartar la convocatoria de una huelga nacional en diciembre si las negociaciones siguen, para entonces, enquistadas".

A su juicio, el Gobierno está utilizando como excusa la falta de presupuestos para congelar el sueldo a los empleados públicos y bloquear un nuevo acuerdo salarial. "Los sindicatos ya advirtieron el pasado mes de septiembre que si no se retomaba la negociación de forma inmediata se tomarían las medidas que se considerasen oportunas. Los problemas de las trabajadoras y trabajadores del ámbito de lo público y los servicios que recibe la ciudadanía se agravan a diario por la inacción del Ministerio para resolver asuntos muy preocupantes, tanto a nivel salarial como en materia de empleo y condiciones laborales", ha denunciado López.

Por ello, ha exigido que se inicie la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleados públicos, mejorar sus condiciones laborales y establecer un plan de empleo que mejore los servicios públicos, ya que "o se reacciona ya con un acuerdo o la Administración va a ir desangrándose poco a poco, y en pocos años se va a quedar sin empleados públicos, con el peligro de privatizaciones que eso conlleva".