El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, ha presentado ante los medios de comunicación la propuesta que su formación política ha registrado para debatir en el pleno correspondiente a este mes que se celebrará el viernes 1 de julio desde las 9:30 horas.
Martín ha afirmado que “cada vez son más frecuentes” la aparición de cubiertas y tuberías de fibrocemento, más conocidas por su nombre comercial, uralita “en vertederos ilegales en el entorno natural, o junto a las isletas de contenedores de recogida selectiva dentro del núcleo de población”.
El concejal andalucista ha asegurado que hace 20 años se prohibió en España el empleo en la construcción de productos que contuviera fibras de amianto, conocido como fibrocemento o su nombre comercial más conocido, uralita. El Consejo General de Arquitectura Técnica de España (CGTAE) estima que hay casi tres millones de toneladas de este tipo de cubierta, también usado para canalizaciones, en viviendas tanto particulares como colectivas, centros educativos y espacios de trabajo.
“El acuerdo por el que se prohibió su uso en 2002, se basa en que es un producto cancerígeno, con una vida útil de un tercio de siglo, pero pasado esta treinta de años, su exposición es aún más peligrosa para las personas que viven o trabajan cerca” ha añadido Martín.

David Martín ha comentado que “el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del Programa de Rehabilitación para la Recuperación Económica y Social en Entornos Residenciales permite la subvención de las tareas de desamiantado como proceso de conservación y subsanación de deficiencias en edificios. Las primeras ayudas cubren el 40% del coste de la obra. Las segundas, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contemplan ayudas de 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio para la retirada de amianto”.
Además, el Ministerio de Transición Ecológica está elaborando la norma de tramitación para la gestión de residuos contaminados y contempla que los Ayuntamientos retiren el amianto de todas las instalaciones de carácter público con mayor riesgo antes de 2028.
En el caso de edificios residenciales, son las comunidades de vecinos las que deciden si cambiarlo o no, no existe ninguna obligación. Y tienen que asumir el coste íntegro de los gastos. Aunque existen ayudas públicas son poco específicas, ya que se engloban en subvenciones para la rehabilitación de edificios para la eficiencia energética, cubriendo como máximo el 35% del coste si se retira la uralita para mejorar el aislamiento térmico.
Ayuntamientos y comunidades autónomas están creando sus propios incentivos. En el caso de la Junta de Andalucía, no hay un epígrafe concreto, pero puede incluirse en las ayudas para rehabilitación de edificios y como hemos mencionado antes, la mejora de la eficiencia energética.
Siempre los trabajos de retirada de componentes que contengan amianto y fibrocemento, tienen que realizarlos empresas autorizadas para la gestión integral del amianto y estén incluidas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (R.E.R.A.).
Por último, Martín ha lamentado que “es frecuente encontrar junto a contenedores de basura, o en espacios naturales, restos de estos elementos, que cuando están intactos no generan ningún problema pero cuando se rompen o se descomponen, y más si es con fuego, se convierten en un residuo peligroso, tanto para los vecinos como para los operarios del área de limpieza del Ayuntamiento que se ven expuestos a estos componentes cancerígenos”.

La moción tiene tres propuestas de acuerdo: poner en marcha, una campaña informativa sobre los riesgos de retirar fibrocemento por personas y empresas que no están autorizadas para estas labores; controlar los vertidos ilegales de restos de estos componentes en entornos naturales como cauces de ramblas, o zonas verdes, como ocurre en la actualidad por la Bullarenga, y por último, crear un servicio de atención a las personas que quieran retirar de sus viviendas la uralita, o bien, llegar a acuerdos con empresas especializadas para que sean ellas las que ofrezcan el asesoramiento y a la vez, informen sobre las ayudas disponibles.