La Diputación de Granada, a través del área de Bienestar Social, ha puesto en marcha por segundo año un programa de ayudas sociales para personas con dificultades de la provincia, mediante el cual podrán acceder a contratos de trabajo en sus municipios. La institución destinará 4.042.448 euros procedentes de los remanentes de tesorería para activar esta segunda convocatoria de subvenciones que se gestionará a través de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

La vicepresidenta segunda y diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, se ha referido hoy a esta iniciativa que, según ha apuntado, “forma parte de las medidas de refuerzo de la red de protección social que la Diputación lleva poniendo en marcha desde hace más de dos años, cuando comenzó la pandemia”. En este sentido, ha recordado que en 2020 y en 2021 se hizo “un gran esfuerzo para proteger a las personas más vulnerables reforzando tanto las ayudas económicas familiares como las de emergencia y urgencia social”.

Este programa de apoyo social prevé facilitar unos 2.000 contratos de trabajo y beneficiar a más de 5.000 personas de la provincia. “La pandemia y la crisis generada con la Guerra de Ucrania han generado situaciones muy complicadas a numerosas familias, que en muchos casos no pueden cubrir sus necesidades básicas y ha aumentado el número de personas y unidades de convivencia en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social”, ha precisado la diputada, que ha explicado también que la red de profesionales de los servicios sociales comunitarios ha detectado distintas situaciones de riesgo y vulnerabilidad “que hacen necesaria una actuación especial y urgente”.

Estas situaciones tienen que ver con el incremento de familias y hogares que están en el umbral de la pobreza y el incremento de hogares que presentan retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda habitual: alquiler, hipoteca y suministros básicos.

Por ello, las ayudas están destinadas fundamentalmente a personas que se encuentren en el umbral de la pobreza, con prioridad de personas y hogares sin ocupados, sin pensionistas contributivos, ni con prestaciones contributivas por desempleo; personas desempleadas, con prioridad de hogares cuyos miembros se encuentren en paro y con baja empleabilidad; y familias que no puedan hacer frente a los gastos derivados de la vivienda y a su mantenimiento vital.

En todos los casos, será imprescindible el informe de necesidad emitido por los servicios sociales comunitarios, que debe ser aprobado por el ayuntamiento correspondiente. En el contrato se especificará la cuantía bruta a sufragar, así como los objetivos previstos. Su cuantía no superará más de 5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mensual vigente, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social.


Servicios Sociales Comunitarios

En relación a la gestión del programa, la Diputación ha preasignado determinadas cantidades a los municipios -en concurrencia no competitiva- de acuerdo con parámetros objetivos, fijando una cantidad mínima por entidad de 10.000 euros y máxima de 80.000 euros. “Queremos favorecer la cohesión e inclusión social en los municipios, atender situaciones de urgencia social y dar una respuesta eficaz a las necesidades de las familias que lo están pasando mal a causa de la crisis”, ha subrayado la diputada.

Por otro lado, el procedimiento para la concesión de ayudas será asumido por los Servicios Sociales Comunitarios de los municipios en los que estén empadronadas y tengan residencia efectiva las personas que las soliciten. Serán los Servicios Sociales los que realicen la valoración previa a la concesión de las ayudas en función de las necesidades personales o familiares.

El plazo de solicitudes para participar en la convocatoria finalizó el pasado 29 de julio y todos los municipios y entidades locales menores de 20.00 habitantes de la provincia han solicitado participar en el programa, que tiene previsto ejecutarse hasta el 31 de julio de 2023.