El Pleno de Almuñécar celebrado en la tarde de hoy, ha aprobado con los votos de PSOE, Convergencia Andaluza e IU-Podemos, la moción presentada por el grupo municipal socialista, pidiendo a la Junta de Andalucía a un “gran pacto” para el “blindaje de una sanidad pública, gratuita y universal”.

La propuesta ha contado con el voto en contra de Partido Popular y Cs y la abstención de Más Almuñécar

Los acuerdos aprobados son:

1. Instar a la Junta de Andalucía a un gran PACTO POR LA SANIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA Y SU CARÁCTER UNIVERSAL Y GRATUITO, blindando nuestro sistema público en los Presupuestos de Andalucía, contando con las organizaciones sindicales y garantizando el cumplimiento de nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía.

2. Instar a la Junta de Andalucía a recuperar todos los servicios públicos de Atención Primaria ofrecidos a a la ciudadanía con carácter previo a la pandemia, con especial énfasis en la atención pediátrica y la atención de urgencias.

3. Incidir en que las consultas sanitarias se realicen, de forma prioritaria, de manera presencial.

4. Exigir la readmisión de los profesionales sanitarios despedidos y garantizar la estabilidad de las plantillas, así como aprobar las mejoras laborales solicitadas desde las organizaciones sindicales y el PSOE para el correcto funcionamiento y la normalización de la asistencia sanitaria en Andalucía.

5. Mostrar nuestro reconocimiento a la labor llevada a cabo por los y las profesionales sanitarios, haciendo visible su desempeño y trabajo con plena dedicación y esfuerzo para superar la situación de crisis sanitaria que vivimos desde marzo de 2020 y la garantía de renovación de los 12.000 sanitarios y sanitarias que cumplen su contrato en marzo.

6. Instar al Consejo de Gobierno a poner todos los medios necesarios para la cobertura de aquellas bajas médicas que se están produciendo en el personal sanitario, como consecuencia del aumento de contagios derivado de la Covid-19 y al mismo tiempo, garantizar los medios necesarios para cubrir al 100% todas las sustituciones vinculadas a permisos de los y las profesionales, durante los próximos meses, tanto en la atención primaria como en los hospitales.

7. Exigir la garantía de pago inmediato de la parte correspondiente al Complemento al Rendimiento Profesional del años 2021 (CRP) para los y las profesionales sanitarios de nuestra comunidad.

8. Garantizar, con carácter urgente, la vacunación de la gripe a toda la población de nuestra comunidad y en todo caso, para las personas mayores, menores y población con enfermedades de riesgo.

9. Dotar con medios suficientes al sector de la investigación y desarrollo sanitario de nuestra comunidad (I+D), poniendo para ello los recursos económicos necesarios para garantizar unos recursos materiales y personales suficientes para la presentación de un servicio público de calidad.

10. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía, a la Diputación Provincial de Granada, al Defensor del Pueblo, a las organizaciones sindicales sanitarias y a la Federación Andaluza de Municipios y provincias (FAMP).

Exposición literal:

“Resulta muy preocupante que aunque Andalucía es la región española que más fondos ha recibido del Gobierno de España, para reforzar la sanidad pública, una de las consecuencias de la gestión de la pandemia por COVID-19 en nuestra tierra, haya sido el profundo deterioro de nuestro sistema público de salud, que se ha cebado especialmente en atención primaria, con cierre parcial y restricciones en numerosos centros de salud de todas las provincias andaluzas y ,de modo aún más relevante, en el ámbito rural. Circunstancia que ha provocado el rechazo de numerosos ayuntamientos andaluces a la imposibilidad de sus vecinos de poder acceder a la atención sanitaria en sus centros de salud”.

Hoy, casi dos años después del inicio de la pandemia, la normalidad no ha vuelto aún a muchos de nuestros centros de salud, lo que ocasiona que miles de andaluces y andaluzas no tengan posibilidad de acceder a una atención sanitaria de calidad, siendo de especial preocupación, de una parte, la pérdida de plazas de pediatría y, de otra, la situación de los dispositivos de urgencias y de atención primaria de numerosos núcleos rurales.

Hoy, en Andalucía, la lista de espera para especialidades se ha disparado un 20%, mientras que hay demoras de hasta tres semanas para tener una cita con nuestro médico o para realizarse una analítica de sangre rutinaria. Este retraso acumulado está suponiendo un colapso de los centros de salud de toda la región.

En esta coyuntura y con una pandemia que aún persiste, Moreno Bonilla ha agravado el impacto en la población de sus políticas de retrocesos, echando a la calle a 8.000 profesionales sanitarios, mientras que otros 12.000 irán, presumiblemente, al paro en marzo de este año. Se esta produciendo una fuga de profesionales sanitarios de nuestra tierra a otras comunidades, con mejores condiciones laborales y donde se sienten valorados/as.

La política sanitaria del gobierno de la Junta de Andalucía está ocasionando un evidente desmantelamiento progresivo de nuestra sanidad pública, que está suponiendo, entre otras cosas, una búsqueda de alternativa en los seguros privados por parte de numerosos ciudadanos y ciudadanas. Las cifras respaldan estas afirmaciones. En Andalucía, los seguros de sanidad privada han subido del 16 al 20% y 1’7 millones de andaluces y andaluzas ya tienen un seguro privado, porque no encuentran respuesta en la sanidad púbica deteriorada y en la que continúan los recortes. Mientras, ¿Qué ocurre con aquella familia que no tenga recursos para pagarse una tarjeta sanitaria?.

Resulta imprescindible reforzar a nuestro sistema sanitario público andaluz, garante de un servicio público esencial, a fin de que los y las profesionales de este sector cuenten con los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo con todas las garantías. Ya no solo es necesario mejorar sus condicio4nes económicas, sino que resulta de vital importancia que se proceda a la contratación de un número de profesionales sanitarios suficiente puesto, que tal y como nos trasladan los sindicatos de mayor representación del sector, se están viendo superados por la actual situación de crisis sanitaria.

De esta manera, reforzamos el sistema sanitario y evitamos, como está sucediendo en el sector de la enfermería, una fuga de profesionales hacia empresas privadas o hacia otras comunidades autónomas con mejores condiciones laborales y económicas. Una circunstancia que esta provocando una vaciado en las plantillas de hospitales y centros de salud. En este sentido, también esta constatada una disminución de la bolsas de empleo. Los hospitales y centros de salud de Andalucía se has visto obligados a sacar ofertas específicas de contratos de dos meses para el periodo de Navidad.

Igualmente, en el ámbito de la investigación sanitaria pública, debe reforzarse la inversión suficiente para que los y las profesionales dedicados a la actividad de la investigación y desarrollo (I+D) cuenten con los medios suficientes y no se produzca una fuga al sector privado, evitando así que nuestra sanidad esté supeditada a intereses económicos.

La primera obligación que debe tener un Gobierno es defender los derechos fundamentales de la ciudadanía y, entre ellos, el de la Salud. Nuestro Estatuto de Autonomía contempla expresamente que “se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal”.

La realidad es que asistimos a un desmantelamiento premeditado de nuestro sistema público de salud y, ahora, ser atendido de una manera rápida depende de la tarjeta de crédito. En definitiva, un modelo de sanidad que deconstruye y deshumaniza el sistema de sanidad pública que nos hemos dotado durante las últimas décadas. Ya no hablamos solo de la necesidad de avanzar en sanidad pública, que también, sino de recuperar los servicios que teníamos en nuestros pueblos y ciudades, como por ejemplo, el servicio de pediatría en La Herradura, que tanto costó conseguir y que no se está prestando de manera regular y óptima, desde hace meses y meses.

Consideramos nuestra obligación como Grupo Municipal comprometido con el interés general, el reivindicar con firmeza y determinación que se cumplan los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía. Es nuestra responsabilidad y compromiso con nuestros vecinos y vecinas, hacernos eco del profundo malestar que se respira en la calle y exigir un servicio sanitario público, universal y de calidad".