La Junta de Andalucía ha firmado hoy, 22 de diciembre, con la Diputación de Granada el convenio de enajenación del antiguo edificio del Banco de España, sede actual de la Fiscalía Superior de Andalucía, una operación por un importe 9,2 millones de euros que “ejemplifica la nueva política de gestión del patrimonio público impulsada por el Gobierno andaluz, poniéndolo al servicio de los andaluces siempre bajo criterios de utilidad pública, sostenibilidad económica, transparencia y eficiencia”, según ha señalado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

La venta del inmueble, situado en el centro de la ciudad y propiedad del Gobierno andaluz, se formaliza tras la iniciativa de la Diputación de Granada, que vio en este espacio una oportunidad para impulsar un proyecto estratégico orientado a dinamizar la vida cultural de Granada, concretamente un Museo Provincial. La institución provincial había manifestado reiteradamente su interés en adquirir este edificio emblemático para continuar su política de recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico provincial, reforzando su presencia institucional y su compromiso con la revalorización del patrimonio local.

El proyecto está incluido en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública como parte de la operación de la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Granada, que permitirá la reorganización y centralización de las actuales sedes judiciales en un mismo espacio, con el objetivo de mejorar la atención a los andaluces y la prestación de un servicio esencial como es la Justicia.

En este sentido, España, que ha estado acompañada por el consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado que “esta coincidencia de intereses entre administraciones es un claro ejemplo de cómo la cooperación leal permite un mejor aprovechamiento del patrimonio público y un mayor retorno social”.

Gestión eficaz y responsable

Según ha resaltado, la operación se enmarca además en la nueva política de optimización del patrimonio impulsada desde la Consejería, a través de la Dirección General de Patrimonio, y reforzada con la reciente aprobación de la Ley del Patrimonio de Andalucía. “Una ley que persigue que el patrimonio deje de ser un conjunto de activos infrautilizados y se convierta en una herramienta real al servicio del interés general y del desarrollo de Andalucía, como es el caso de este museo”, ha afirmado.

Para la titular de Economía, la enajenación suscrita este lunes con la Diputación de Granada “es mucho más que un trámite administrativo”, ya que “representa una manera distinta de gobernar y de administrar lo que es de todos”. “Gestionar bien el patrimonio no es desprenderse de él sin criterio sino saber cuándo un bien deja de ser útil para la Administración y puede cumplir una función más valiosa en otras manos”, ha indicado.

La enajenación directa permitirá a los granadinos contar con un museo y, al mismo tiempo, un ingreso extraordinario superior a los nueve millones de euros y un ahorro en los costes de conservación y mantenimiento. “Esto es gestión eficaz y responsable de lo público”, ha remarcado.

El inmueble estaba adscrito a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que propuso la enajenación de este bien para así poder financiar parte de la reorganización de sedes judiciales en la capital granadina. Dado que el edificio está ocupado parcialmente por la Fiscalía Superior se ha articulado una reserva temporal y parcial de uso de doce meses -prorrogable otros seis- que permite mantener provisionalmente al Ministerio Público hasta su traslado a la Real Chancillería y la Fiscalía Provincial de Granada, que se ubicará en la Ciudad de la Justicia una vez adaptado el edificio El Cubo, sin retrasar la operación ni generar costes adicionales.

Igualmente ha declarado que esta actuación contrasta con etapas anteriores “marcadas por el desorden patrimonial, con inmuebles sin uso, abandonados y sin control”, frente a las que el actual Gobierno andaluz ha apostado por el orden, la planificación y la transparencia. Gracias a este nuevo enfoque, se ha logrado un ahorro anual superior al millón de euros en gastos de mantenimiento, liberando recursos para políticas públicas esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia.

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado que el 100% de los fondos que la Junta va a ingresar con esta venta se destinarán a la Ciudad de la Justicia, uno de los grandes proyectos del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que ya está en marcha gracias a la compra de El Cubo y que se completará con un inmueble de nueva construcción en la parcela contigua cedida por el Ayuntamiento, acabando así con la actual dispersión de sedes judiciales.

Nieto ha recordado que “a la llegada de Juanma Moreno al Gobierno de la Junta nos encontramos con una situación de bloqueo absoluto en Granada. Teníamos claro que la capital judicial de Andalucía no podía seguir en esa situación y que merecía una Ciudad de la Justicia a la altura. Granada no se podía quedar atrás”.

El consejero ha agradecido tanto a la Consejería de Hacienda como al Ayuntamiento y a la Diputación su implicación y colaboración para sacar adelante la tan ansiada Ciudad de la Justicia de Granada, que es “un proyecto fruto del diálogo y el consenso entre instituciones y también con los operadores jurídicos que demuestra que la vía andaluza impulsada por el presidente redunda en mejores servicios para la ciudadanía”. Así, con esta operación, los granadinos ganarán un nuevo equipamiento cultural y unas instalaciones judiciales a la altura de las necesidades del siglo XXI.

También ha agradecido a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, su disposición y comprensión con este proyecto, y ha subrayado que, con el traslado de la Fiscalía Superior a la Real Chancillería, junto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este edificio histórico albergará las dos instituciones judiciales más importantes de Andalucía, convirtiéndose en sede regional de la Justicia y acentuando la condición de Granada como capital judicial de la comunidad.