En Granada, en enero de 2026, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ha sido de 66.769 personas, 1.331 más que el mes pasado (2,03%), pero hay 5.238 personas inscritas en paro menos que hace un año (72.007), cuando aumentó el desempleo en 1.360 personas. En el análisis por sectores, ha bajado el paro en construcción (-175) y en el colectivo de personas sin empleo anterior (-26), mientras que ha subido en servicios (1.324), agricultura (123), e industria (85). En cuanto a la contratación, durante este mes, se han realizado en Granada un total de 26.150 contratos, 4.877 menos que en el mismo mes del año 2025 (31.027). Del total de contratos de enero, 15.494 han sido temporales, un 59,25%.

Ante estos datos hechos públicos hoy, 3 de febrero, la secretaria de Empleo y Política Sindical, Institucional y Sociedad de la Unión General de Trabajadores (UGT) Granada, Encarna Vargas, ha recordado que "tradicionalmente sube el paro en enero en Granada, influenciado por la estacionalidad propia de nuestro mercado de trabajo: el fin de la campaña navideña así como los últimos coletazos de la campaña de la aceituna". Ante esto, ha sostenido que la mejora de los derechos laborales y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), acordado por UGT con el Gobierno para 2026 en 1.221 euros netos en catorce pagas, constituyen herramientas clave para el fortalecimiento del sistema productivo granadino y el de su mercado de trabajo.

Vargas ha destacado que la evolución positiva del mercado de trabajo granadino durante el pasado año, sumada a la reducción de la temporalidad y la mejora de la productividad, ofrece una base sólida para exigir incrementos salariales, afirmando que "la buena marcha de la economía y el sólido desempeño de muchas empresas, que han visto incrementados sus márgenes empresariales, deben traducirse en una mejora real de las condiciones de vida de quienes generan esa riqueza".

En este sentido, ha vinculado directamente una política salarial adecuada con la cohesión social, señalando que unos sueldos dignos "impulsan la actividad económica y facilitan el acceso a bienes esenciales, como la vivienda, especialmente para las rentas más bajas". Para lograrlo, ha apuntado a la negociación colectiva y al VI AENC como la palanca necesaria para consolidar estas mejoras.

Una de las principales demandas de UGT, según ha indicado, es la necesidad inaplazable de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. La representante de UGT ha calificado de "obsoleta" la normativa que mantiene el límite de 40 horas desde hace más de cuatro décadas y ha advertido de que esta rigidez favorece la parcialidad involuntaria y la pobreza laboral. Por ello, ha reclamado la aprobación urgente de una ley que materialice esta reducción, asegurando que "mejoraría la productividad, la salud laboral y la calidad del empleo, y cuenta con un amplio respaldo social".

Vargas no olvida las carencias estructurales que aún persisten en el mercado laboral, criticando las limitaciones de las actuales políticas activas de empleo y exigiendo un refuerzo de los servicios públicos para ofrecer una orientación individualizada a los colectivos más vulnerables. Asimismo, ha puesto el foco en la desprotección ante el despido injustificado, afirmando que es prioritario reformar la normativa vigente para garantizar un "resarcimiento adecuado ante pérdidas de trabajo sin causa justificada".

Finalmente, la representante de la Unión General de Trabajadores Granada ha concluido que es el momento de impulsar reformas estructurales que garanticen que el crecimiento económico se traduzca en "bienestar, derechos y oportunidades reales para el conjunto de las personas trabajadoras", con especial énfasis en la reducción del desempleo de larga duración.