La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista de Motril, Gádor Domínguez, ha denunciado públicamente la situación "crítica" que viven los vecinos del edificio número 6 de la calle Alcázar de Toledo, donde se han detectado "graves daños estructurales que ponen en peligro la seguridad de las familias residentes".

Los socialistas afirman que estas viviendas, adquiridas como Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que aún mantienen dicha calificación, "fueron objeto hace unos años de reparaciones parciales por parte de la Junta de Andalucía, a través de AVRA, tras detectarse el riesgo de derrumbe en varios pilares. Sin embargo, los problemas no solo persisten sino que se han agravado: los pilares presentan nuevas brechas de gran consideración, un informe pericial confirma que los daños proceden de la propia estructura del edificio y, además, se observan grietas en los muros exteriores y de carga de los bloques colindantes, lo que exige, según ha manifestado, una revisión integral de la zona".

Este asunto vuelve al debate público a propuesta de los vecinos afectados, que han trasladado al Partido Socialista (PSOE) "su enorme preocupación y desesperación al no haber sido escuchados en ningún momento por la alcaldesa del municipio, Luisa García Chamorro. Los vecinos se sienten abandonados. Han tocado todas las puertas posibles, pero la respuesta de la alcaldesa ha sido el silencio", ha declarado Domínguez.

Así, ha recordado que ésta es ya la tercera vez que el PSOE denuncia esta situación, sin que hasta ahora se haya ofrecido una respuesta efectiva ni por parte de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular (PP), ni por parte del Consistorio de Motril, también con el PP al frente.

Además, la dirigente socialista ha subrayado que el 27 de octubre de 2023 el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSOE para exigir la reparación inmediata de estos edificios. "Han pasado casi dos años desde aquel acuerdo y el Gobierno local no ha hecho absolutamente nada. Esa es la realidad: un compromiso votado por todos los partidos y olvidado en un cajón", ha criticado.

"Lo que no es de recibo es que, después de tantos años, estas familias sigan igual, esperando una solución que nunca llega. Hace una década, con un gobierno socialista en la Junta, se actuó; hoy, con el PP al frente de la Junta y del Ayuntamiento, se desentienden. Y no quiero ser malpensada, pero la realidad es que aquí parece que se mide a los vecinos según sus recursos o su utilidad electoral. ¿Acaso al señor Moreno Bonilla y a la señora García Chamorro no les interesa lo que ocurre con estas familias porque no son votantes suyos o porque no tienen medios económicos para costear de su bolsillo una obra tan grave? Si es así, estaríamos ante un desprecio intolerable hacia unos vecinos y vecinas en riesgo real".

Domínguez ha insistido en que la responsabilidad legal de estas viviendas corresponde a la Junta de Andalucía, pero ha recalcado que la alcaldesa de Motril también tiene una responsabilidad política y moral directa con sus vecinos. "La solución es sencilla: que el Ayuntamiento actúe de inmediato, ejecute la obra y después reclame a la Junta la compensación que corresponda. Eso es lo que se hace cuando existe voluntad política. Lo que no se puede permitir es que, por dejadez institucional, tengamos que lamentar una catástrofe anunciada".

Además, ha recordado que el 1 de noviembre de 2028 estas viviendas cumplirán cincuenta años, fecha a partir de la cual la Junta dejaría de ser responsable de los daños estructurales. "¿Están esperando a que llegue esa fecha para lavarse las manos? Si es así, estaríamos ante una jugada mezquina que busca ganar tiempo para eludir responsabilidades a costa de poner en riesgo la vida de familias motrileñas. Eso no es política responsable, es una estrategia injusta y cruel".

Finalmente, Domínguez ha exigido medidas urgentes y provisionales para ralentizar los daños en el edificio mientras se acomete la rehabilitación integral, advirtiendo de que cualquier demora puede tener consecuencias irreparables. "Estas familias no piden un privilegio, piden un derecho: vivir en sus casas con seguridad y dignidad. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Motril, ambos gobernados por el Partido Popular, serán responsables directos de lo que ocurra si siguen sin actuar. Exigimos claridad, compromiso y soluciones inmediatas".