La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha ampliado hasta las 14:00 horas del 30 de septiembre el plazo para presentar ofertas en la quinta subasta de patrimonio público convocada desde 2019, en la que se han puesto a la venta cinco inmuebles de uso turístico, entre los que figuran tres villas turísticas cerradas desde hace más de una década y dos residencias de tiempo libre.

Si bien originalmente, la fecha límite para presentar ofertas quedó fijada en el 31 de julio, ante las solicitudes de varios potenciales inversores que pidieron más tiempo para preparar sus propuestas se decidió conceder una prórroga. De este modo, la apertura de los sobres con la documentación administrativa tendrá lugar el 8 de octubre, mientras que el acto público para abrir las ofertas económicas se llevará a cabo el 22 del mismo mes. La adjudicación se prevé para noviembre, conforme al plan inicial.

Los inmuebles en subasta son: las villas turísticas de Cazalla de la Sierra en Sevilla; Fuenteheridos en el parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva; y la ubicada en el municipio de Huéscar (Hotel-Villa Pinar de la Vidriera), en Granada. Además, esta quinta subasta de patrimonio público incluye las antiguas residencias de tiempo libre de Siles, en Jaén, y la de Pradollano, situada en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada).

El precio de salida total de estos cinco inmuebles está próximo a los 11,5 millones de euros, en total. El montante inicial de cada uno de los bienes a subasta varía notablemente, partiendo desde algo más de un millón de euros en el caso de la residencia de Siles, hasta los 8,7 millones de euros, que sirven de precio de salida para el lote de la residencia de tiempo libre de Pradollano, que cuenta así con el valor de salida más alto.

En cuanto a las villas turísticas, los precios de salida oscilan entre los 380.000 euros de cada de una de las de Cazalla de la Sierra y Fuenteheridos, hasta los 970.000 euros, precio mínimo inicial fijado para la de Pinar de la Vidriera.

Si alguno de los lotes quedara desierto, el procedimiento marca que el precio de salida para la segunda subasta sea un 25% inferior al de la primera en todos los casos, a excepción de la residencia de Pradollano, en Monachil, que pasaría a contar con un precio mínimo inicial un 15% inferior al de la primera subasta.

Esta quinta subasta de patrimonio, de parte de la Junta de Andalucía, es parte de la estrategia de la Dirección General de Patrimonio para poner en valor los inmuebles sin uso de la Junta de Andalucía. En 2019, no había un inventario confiable que detallara el patrimonio y su estado, y muchos inmuebles estaban vacíos y abandonados desde hacía años, generando altos costos de mantenimiento y restauración, además de impuestos y morosidad.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha recaudado 137.000.000 euros mediante subastas y adjudicaciones directas de inmuebles en desuso, además de ahorrar un millón de euros anuales en mantenimiento y costes tributarios. Esta puesta en valor ha requerido una importante labor de regularización física y jurídica de los inmuebles debido al abandono y la falta de actuaciones durante décadas.

Ahorro para las arcas públicas

La Junta de Andalucía sacó a subasta las tres villas turísticas mencionadas, cuyo uso había rescatado en el mes de septiembre del pasado año y que estaban adscritas a la sociedad mercantil Red de Villas de Andalucía S.A.; éstas permanecían cerradas desde hace más de diez años.

En concreto, se trata de unas villas, cerradas en 2005 (Fuenteheridos), 2006 (en el caso de la de Cazalla de la Sierra) y 2010 (el Hotel-Villa Pinar de la Vidriera). En el año 2007, las tres fueron incorporadas a la Red de Villas Turísticas de Andalucía, por parte del anterior gobierno socialista que pretendía su explotación a través de una sociedad de capital mixto. La situación, en cualquiera de los tres casos, no supuso cambio alguno para éstas, permaneciendo cerradas al público y en un progresivo estado de deterioro.

En cuanto a las residencias de tiempo libre, éstas permanecían en funcionamiento, si bien la Junta de Andalucía decidió dejar de explotarlas directamente, ante el interés de operadores turísticos especializados que permitirían sumar profesionalidad, experiencia y las necesarias inversiones en dichos espacios. Con dicha decisión, se pone fin a una situación que generaba pérdidas anuales de más de catorce millones de euros a las arcas autonómicas. Una cuantía que la Junta tenía que detraer de otras partidas, restando así recursos a otros capítulos y prioridades. No en vano, entre los años 2015 y 2022 la Junta hubo de gastar un total de ciento ocho millones de euros más de lo que había ingresado por la explotación de estos establecimientos.

En cuanto a las villas cerradas desde 2009, el mantenimiento cuando se adscribieron a la Empresa Pública Turismo Andaluz (EPTA) y luego a la sociedad Red de Villas de Andalucía ha costado a la Administración autonómica al menos veinticuatro millones de euros, además de casi 500.000 euros anuales en mantenimiento.