El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado una trasferencia de crédito de 4,6 millones de euros destinada a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para reforzar los equipos de infancia y familia de la red de servicios sociales comunitarios que prestan las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales).

La financiación para el programa de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) debe contar con fondos estatales y una dotación por parte de las comunidades autónomas, correspondiéndole a Andalucía un montante de 4,6 millones de euros.

Este crédito irá destinado a financiar el refuerzo de los mencionados equipos de los servicios sociales comunitarios que permitan la prevención y detección precoz de cualquier riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.

Así, se financiarán los gastos generados por los equipos de intervención familiar y con la infancia y adolescencia de la red de servicios sociales comunitarios y los servicios proporcionados a las familias con menores de edad a cargo de las corporaciones locales. En concreto, podrán financiarse los gastos relativos a personal de los equipos, formación para dotar de competencias a los profesionales, formación a las familias, materiales de apoyo a la formación y gastos corrientes y de gestión del programa.

La configuración del Sistema de Atención a la Infancia de la Junta de Andalucía se inspira en una orientación hacia la prevención primaria y la detección temprana, así como en su inscripción en un marco más amplio de promoción del bienestar infantil y todo ello desde la definición de la familia como el mejor contexto para la socialización y la satisfacción de las necesidades infantiles.

Las acciones de protección de la Junta de Andalucía hacia los menores tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar infantil, siendo prioritarios el fomento de las actuaciones preventivas a fin de evitar situaciones de riesgo y desprotección de menores; la permanencia del menor en su propio entorno familiar siempre que ello no sea contrario a su interés; la búsqueda de alternativas familiares en los casos que la situación requiera separación del grupo familiar y la promoción de actuaciones tendentes a la reinserción familiar del menor, siempre que redunde en su beneficio