Varias sentencias reclaman a Almuñécar más de 2,6 millones de euros
El consistorio informa que son sentencias derivadas de los convenios urbanísticos que el gobierno liderado por Juan Carlos Benavides cobró por adelantado de un PGOU que no salió adelante.
El Ayuntamiento de Almuñécar afirma tener que hacer frente a un nuevo pago de 2.672.000 euros, en concepto de devolución de convenios ilegales que firmó el anterior alcalde, Juan Carlos Benavides, entre los años 2004 y 2006.
Ahora han llegado las sentencias condenatorias, concretamente, se trata de cuatro convenios: ‘Torres de Almuñécar’ que en teoría se iba a ubicar junto al parque de bomberos, por 2.300.000€, y otros 3 más: ‘Constrop’, planeado en la Cuesta del Marchante, ‘Almuñécar Puerto Centro’, la famosa marina seca de la Sandovala y ‘Alboscasa’ en La Herradura, que entre los 3 suman un montante de 372.000€.
El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha lamentado que 15 años después, "el nefasto gobierno de Juan Carlos Benavides, aún esté teniendo consecuencias negativas para los vecinos de Almuñécar y La Herradura”.
Ruiz Joya ha explicado que “estos convenios ilegales suponen una hipoteca para las arcas municipales, con unas secuelas, cuyo peso tenemos que soportar los almuñequeros y herradureños”.
“En total, -ha aclarado el regidor sexitano- han sido ya más de 8.000.000 de euros, que hemos tenido que devolver, de capital más intereses, adelantados al Ayuntamiento por particulares, propietarios de terrenos y por promotores y empresas, que habían planeado sus construcciones en un PGOU que era una calamidad, porque se envió a la Junta de Andalucía sin el más mínimo rigor, ni los documentos necesarios para que la administración autonómica lo estudiara”.
Ruiz Joya ha declarado que "la manera de gestionar de Juan Carlos Benavides supuso, por un lado, la ruina para muchas familias, que en muchos casos pidieron préstamos para hacer frente a esos pagos por adelantado, que tuvieron que devolver sin que en sus terrenos se pudiera hacer nada y, por otro lado, la quiebra de muchas empresas y el despido de sus trabajadores".
Esos convenios fueron impugnados por los propietarios y promotores, cuando se dieron cuenta de que sin la aprobación definitiva del PGOU, no podrían llevar a cabo las construcciones planeadas.
Por su parte el concejal de Hacienda, Rafael Caballero, ha expuesto que “este nuevo revés para las arcas municipales, implica que tendremos que abrocharnos el cinturón y recortar de otras partidas para hacer frente a la devolución de estas cantidades”.
