En agosto de 2017 Herrera contrató por un periodo de seis meses a la arqueóloga Elena Navas Guerrero y partir de la finalización de este periodo procedió a prorrogarlo de forma ininterrumpida cada seis meses, en claro fraude de ley.
En enero de 2019, acercándose las elecciones y viendo la arqueóloga en peligro la continuidad de su irregular relación laboral con el ayuntamiento y en lo que a todas luces era un acto amañado con la Sra. Alcaldesa, presenta un escrito en la que ella misma reconoce que las prórrogas de su contrato eran irregulares y pide normalizar su situación.

El pasado día 5 de febrero se emite un decreto de la alcaldía, plagado de irregularidades y en claro fraude de ley, para darle una plaza interina de arqueóloga, sin respetar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al trabajo en la administración pública.

Para poder cumplir lo que a todas luces fue una exigencia de IU para cobrarse su permanente apoyo al PP, Herrera no dudó en saltarse la legalidad y todas las normas de procedimiento administrativo:

En la resolución no consta la previa solicitud de informe ni la firma preceptiva de la Secretaria del ayuntamiento.
En el expediente consta un informe “ad hoc” de un letrado que no tiene vinculación jurídica con el ayuntamiento, que obliga a la Sra. Secretaria a realizar un “informe de reparos” sobre dicha resolución.

En el mismo se advierte que en ningún caso es ajustado a la legalidad vigente que el Ayuntamiento, regularice situaciones de ningún trabador que alega encontrarse en una situación de contratación irregular, dado que para reconocer la situación de contrato indefinido debe existir una sentencia judicial firme en este sentido, no existiendo ninguna margen de discrecionalidad municipal que ampare el ilegal decreto de la alcaldesa.

En su informe la Secretaria del ayuntamiento indica que: “En todo caso, no es ajustado a la legalidad que la Administración adopte resolución nombrando interina a la trabajadora demandante de normalización de su situación laboral, con el único fin de que esta no acuda a los Tribunales para que estos resuelvan y declaren el carácter indefinido de su contrato laboral, ni de oficio ni frente a una solicitud previa a la vía judicial laboral del trabajador, pues sería tanto como reconocer que la Administración ha actuado en fraude de ley y a sabiendas de su resultado”.

También indica dicho informe que: “De dictarse Acuerdo o Resolución regularizando situaciones laborales, así como declarando la condición de indefinidos de los trabajadores, los que hayan votado a favor estarían incurriendo en fraude de ley, por delito de prevaricación, al dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de que dicha resolución es injusta y no le corresponde llevarla a cabo, delito que se encuentra tipificado en el artículo 404 del Código Penal”.

Es pues más que evidente que los permanentes devaneos entre Herrera e IU, el conseguir la alcaldía a través de un pacto de perdedores sustentado por la desnaturalizada IU local, le obliga permanentemente a intentar retorcer las leyes para atender las persistentes demandas.