El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio en relación a la situación de exclusión financiera que viven varios municipios de la provincia de Granada en los que se están cerrando oficinas de entidades financieras dejando sin servicios bancarios a sus habitantes.

La apertura de este expediente se produce tras las quejas y movilizaciones que ha encabezado la Diputación de Granada en numerosas ocasiones durante los últimos meses para respaldar a los municipios afectados,

“Ante la falta de soluciones al problema de la exclusión financiera y dado que es previsible que la situación vaya a extenderse a otras zonas del territorio andaluz, hemos considerado oportuno desarrollar un actuación de oficio”, señala el Defensor en el escrito firmado por Jesús Maeztu.

Tal y como alertaba la institución provincial, el Defensor del Pueblo Andaluz afirma que existe un porcentaje importante de la población que reside en estos municipios y que se ve especialmente perjudicada por el cierre de sucursales ya que, por su edad o por carecer de cultura digital, les resulta complicado o imposible el acceso a los medios electrónicos.

El Defensor subraya que el desplazamiento a oficinas ubicadas en poblaciones cercanas no es una solución siempre factible, y confirma que existe una gran sensibilidad en las administraciones locales en torno a esta cuestión.

Como solución, el Defensor del Pueblo Andaluz propone, además de los dispositivos de atención móvil, el uso de instalaciones públicas o de empresas locales, para dar ese servicio bancario, y avanzar en la alfabetización digital de la población más afectada.

Por último, recomienda a la Diputación de Granada que impulse iniciativas que permitan superar la exclusión financiera.

Visita del Defensor a Granada
Este expediente se abre tres meses después de la visita del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a la Diputación de Granada, en la que se comprometió a abordar la cuestión de la exclusión financiera tras una reunión con el presidente de la institución, José Entrena.
Maeztu recordó que la de Granada fue la primera Diputación que se dirigió al Defensor para defender los derechos de los ciudadanos en torno a esta situación. “No queremos pueblos cerrados y no podemos contemplar que 35 pueblos se vayan cerrando sin hacer nada”, afirmó entonces, y subrayó la necesidad de “acompasar la ineludible modernización en la gestión con los derechos de los ciudadanos, porque hay una brecha digital importante y no se puede generar una exclusión”.

Además, la Diputación reunió el pasado mes de diciembre a los alcaldes y alcaldesas de una treintena de municipios donde se están desmantelando los servicios bancarios. En la reunión, en la que también estuvo el portavoz del grupo provincial de IU, Juan Francisco Arenas, se acordó impulsar iniciativas como la presentación de mociones en los ayuntamientos afectados, así como enviar un escrito a los responsables territoriales de las entidades que operan en la provincia. SE solicitaron además reuniones con los directores territoriales de las entidades y con la Subdelegación del Gobierno para acudir al FROB y al Ministerio de Hacienda.