El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha dado a conocer los últimos datos referentes a viviendas de uso turístico en la provincia de Granada, destacando que en los últimos siete meses se han producido 914 bajas, una cifra que supera el total de cancelaciones producido en todo el año 2024, que fue de 810.

Rodríguez ha asegurado que en estos siete meses se han registrado 1.046 altas frente a 914 bajas, es decir, que por cada diez viviendas se cancelan nueve, lo que resulta un crecimiento pausado, moderado y sostenible del mercado, gracias al trabajo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, centrada en garantizar la legalidad y el control de las viviendas turísticas, mediante la actualización de normativa, los convenios entre la Consejería de Turismo con los Ayuntamientos, el Buzón de Colaboración de la Ciudadanía contra la Clandestinidad y el refuerzo en materia de inspección".

Según los datos presentados, la provincia de Granada tiene registradas 2.129 Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural con una capacidad de alojamiento de 13.991 plazas y, por otro lado, las Viviendas de Uso Turístico (VUT), 9.537 viviendas registradas con una capacidad de alojamiento de 50.705 plazas. Más del 40% corresponde a viviendas ubicadas en la capital de Granada con 3.925 VUT inscritas en el registro. Barrios como Albaicín (24%), Centro-Sagrario (23%), Fígares (24%) y Realejo (13%) superan el umbral del 10% de presión turística respecto al uso residencial, lo que ha motivado medidas restrictivas municipales. Por ejemplo, desde 2024 exige acceso independiente y servicios propios y desde 2025 prohíbe nuevas VUT en zonas saturadas y conversión de bajos comerciales.

En cuanto al resto de la provincia, destaca la Costa Tropical, despuntando el municipio de Almuñécar (2.237), Salobreña (526) y Motril (443). En tercer lugar, mencionar el municipio de Monachil, donde se encuentra ubicada la Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada, que registra 1.075.

La Consejería de Turismo y Acción Exterior, junto con sus delegaciones territoriales en cada provincia, ha tomado medidas para el control, regulación y ordenación de las viviendas de uso turístico inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía. El objetivo de estas medidas es buscar un turismo de calidad y sostenible, con la colaboración estrecha de los municipios andaluces y la regulación de normativas a través de las Consejerías competentes en materia de Turismo y Fomento, produciendo la cancelación a nivel andaluz de 9.200 viviendas de uso turístico en este último año y medio en el Registro de Turismo de Andalucía (ya sean de oficio por la administración o a instancia de parte por el administrado). En Granada, el volumen de VUT canceladas ha sido de 1711.

La aprobación del Decreto 31/2024, de 29 de Enero, que modifica diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimiento de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha contribuido a clarificar, al amparo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones imperiosas de interés general, pudieran establecer, en sus términos municipales, limitaciones proporcionadas, en lo que respecta al número máximo de viviendas, de uso turístico, por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona, siempre que las mismas obedezcan a criterios claros, inequívocos y objetivos.

Además, junto a la anterior norma, de forma coordinada, con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se ha aprobado el decreto ley 1/2025, de 24 de Febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Se adoptan medidas que permiten a los ayuntamientos andaluces adecuar mejor y con mayor seguridad jurídica esta actividad económica al tipo de uso urbanístico más idóneo, según su modelo de ciudad, preservando el medio ambiente urbano.

Asimismo, el citado Decreto 31/2024 regula la posibilidad que la Consejería competente en materia de Turismo pueda celebrar convenios de colaboración con otras administraciones o con entidades privadas para facilitar el intercambio de información, a fin de garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora de la junta de Andalucía o de otras autoridades públicas.

Granada ha firmado convenio de colaboración con la Administración andaluza para el intercambio de información en materia de viviendas de uso turístico; a su vez, se está trabajando para implantar un sistema de avisos que advierte a la ciudadanía de la posible exigencia de responsabilidades administrativas, así como de la iniciación de un procedimiento para la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, del que puede derivar la imposibilidad de una nueva alta para la misma vivienda durante el plazo de un año.

En la provincia de Granada, los ayuntamientos que han solicitado la formalización del convenio en materia de VUT han sido los de Lecrín, Monachil, Güejar Sierra, Alhama de Granada y Pinos Genil.

El Gobierno andaluz apoya el Reglamento Europeo 2024/1028, que pretende la mejora en la recogida e intercambio de datos sobre alquileres turísticos de corta duración, pero, según ha puntualizado el delegado territorial de la Consejería de Turismo, la Junta "no está de acuerdo con la fórmula adoptada por el Gobierno estatal para la aplicación de esta normativa europea establecida en el Real Decreto 1312/2024, por el que se regula el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos y se crea la ventanilla única digital de arrendamientos de corta duración, duplicando la carga administrativa para propietarios y explotadores que ya cumplen con la normativa autonómica, y por eso se ha interpuesto un contencioso administrativo, porque creemos que se extralimita lo dispuesto en el reglamento europeo y se invaden competencias transferidas a las comunidades autónomas, además de no tener rango suficiente para sustituir normas superiores".

Ante esta situación, la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte en Granada trabaja de forma coordinada con la Consejería de Turismo y Acción Exterior para garantizar la legalidad y el control de las viviendas turísticas gracias a la colaboración de otras administraciones públicas, en especial los ayuntamientos.