
VOX critica los retrasos de hasta tres años en la tramitación de la dependencia en Granada por la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla
Con más de 9.500 personas en lista de espera, Cristina Jiménez pide que recorte “de una vez” todo el gasto superfluo y de propaganda para abordar los “verdaderos problemas” de los granadinos
Cristina Jiménez, diputada de VOX por Granada y vicepresidenta tercera en el Parlamento de Andalucía, ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla que “deje de engañar a los granadinos” y que articule todos los recursos necesarios para dar la vuelta al colapso que sufre la provincia en materia de dependencia, con situaciones “vergonzosas” como que en enero de 2025 se estaban tramitando revisiones del segundo semestre de 2022, o incluso del primer trimestre de 2022 en la zona de Iznalloz y Huétor Tajar, lo que significa retrasos de hasta tres años según recoge el Defensor del Pueblo Andaluz. “Granada es la provincia, junto a Sevilla, donde más quejas se han elevado al Defensor del Pueblo por la deficiente gestión de la dependencia”, ha lamentado Jiménez, que ha recordado que en la provincia granadina hay más de 9.500 personas en lista de espera “pese a los mensajes autocomplacientes del Gobierno andaluz del PP”.
Así, ha lamentado que, mientras miles de granadinos siguen sin recibir ayudas a las que tendrían derecho legalmente y hay personas que fallecen sin llegar a acceder a la dependencia, tanto la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla como el Gobierno de Pedro Sánchez se culpan mutuamente de esta situación sin articular medidas efectivas y sin dar una financiación adecuada para solucionar este “gravísimo problema”.
“En Andalucía se tarda una media de 574 días en resolver un expediente de dependencia, un tiempo que es inasumible para las personas que están en una absoluta situación de vulnerabilidad”, ha subrayado la diputada autonómica de VOX, destacando que, mientras, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Moreno Bonilla no dudan en gastar cientos de millones de euros en financiar la inmigración irregular y la acogida de menores no acompañados “que deberían de estar en sus hogares con sus familias”.
De hecho, según los datos de la propia Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Andalucía destina 7.696,35 euros por persona atendida, mientras que cada menor no acompañado tiene un coste para las arcas públicas de 54.000 euros al año, más de ochenta millones anuales en total.
“La Andalucía que nos quiere vender el señor Moreno Bonilla a través de sus costosas campañas publicitarias es absolutamente falsa y haría bien en recortar de una vez todo el gasto superfluo que existe en la Junta para dar una financiación adecuada a la Sanidad y la dependencia, que es donde debería centrarse el esfuerzo inversor de las instituciones”, ha concluido.