Comisiones Obreras (CC.OO.) Granada ha presentado una demanda en el juzgado de lo social de Motril contra el Ayuntamiento de este municipio por vulneración del derecho a huelga y a la libertad sindical en el conflicto que mantiene con los trabajadores de la plantilla municipal. El sindicato prevé nuevas movilizaciones y no descarta la convocatoria de una nueva huelga indefinida contra la externalización del servicio de limpieza anunciada por el Consistorio motrileño.

La demanda se produce un mes después de que CC.OO. Granada anunciara la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento por la vulneración del derecho a huelga tras la convocatoria el 25 de marzo de un paro indefinido "que finalmente no se llevó a cabo ante las reiteradas amenazas del Consistorio a los trabajadores".

El comité de empresa mantendrá una reunión mañana miércoles, 24 de abril, para concretar nuevas acciones de protesta que comenzarían, en primer lugar, con la instalación de una mesa informativa permanente a las puertas del Ayuntamiento y concluirían con la convocatoria de un nuevo paro indefinido si no se llega a un acuerdo satisfactorio y el Consistorio no cesa en su actitud de impedir el derecho a la huelga, “que defenderemos y protegeremos con firmeza y determinación”, ha concluido Clara Castarnado, responsable de acción sindical de CC.OO. Granada.

Según CC.OO., el Ayuntamiento de Motril ha intentado por todos los medios impedir que los trabajadores ejercieran su derecho a la huelga afirmando en diversos medios de comunicación y a través de una circular interna que el paro no cumplía con los principios de legalidad y advirtiendo al personal municipal de la imposición de multas y expedientes disciplinarios si participaban en la huelga, “actuaciones cuyo objetivo eran impedir o desincentivar las movilizaciones”, ha explicado. Estas acciones, ha añadido, “son intolerables y no vamos a permitir que queden impunes”.

Para Castarnado, la actitud de la Administración dista mucho de ser un ejemplo a seguir. “En lugar de fomentar el diálogo, el consenso y los valores democráticos, ha optado por la imposición y las trabas al ejercicio legítimo de un derecho”. ”Esta forma de actuar limita considerablemente la libertad de los trabajadores para exigir y defender los derechos que les corresponden por ley y es clara muestra de la poca importancia que la Administración concede a los valores democráticos, algo que resulta del todo inaceptable”, motivo por el cual ha solicitado al juzgado que declare la nulidad de las actuaciones.