Después de la concentración de la semana pasada en la puerta de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el comité de empresa de la Unión General de Trabajadores (UGT) no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la Consejería de Salud ni de la Dirección de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Ésta es, ha denunciado, "una muestra más del trato que recibimos las trabajadoras y trabajadores y su representación sindical".

Así las cosas, un 80 por ciento del colectivo de profesores y técnicos han denunciado a la EASP para ver reconocidos los derechos laborales que emanan del convenio colectivo vigente. Y es que "vivimos una situación en la que son los jueces y juezas de Granada los que están decidiendo, caso a caso, acerca de los méritos de los profesionales de la casa para subir de nivel o cambiar de categoría. En esos juicios la Dirección de la EASP presenta información que consideramos cuestionable sobre las actividad profesional de trabajadores de la casa y que no refleja la verdadera labor y dedicación de sus profesionales".

Ante esto, UGT ha considerado dicha situación "humillante" para cualquier profesional que tras años de dedicación a la docencia y actividades técnicas de investigación y consultoría de esta institución vean reducir por la Dirección a un porcentaje ínfimo su actividad profesional y "menosprecie los años de expertez desempeñando labores, incluso por encima de su categoría profesional".

De este modo, desde el comité de empresa del sindicato granadino han señalado que "no debería existir un problema de financiación de la EASP para justificar el grave incumplimiento del convenio, si nos atenemos a los miles de euros que se gasta la Dirección en abogados y procuradores; o los 70.000 euros anuales para financiar actividades de un centro privado de formación de Madrid sin nada que ver con la actividad de la Escuela; o, según informa el Portal de Transparencia, los honorarios muy por encima de los habituales que se pagan a directivos del sector privado por participar en actividades de la EASP", subrayando que, sobre todo, porque desde el año 2021 se han ido de la EASP unos quince profesionales de la categoría de profesor (un 40 por ciento de la categoría), y prácticamente todos en los niveles más altos de dicha categoría, "lo que significa un ahorro anual en la masa salarial de la Escuela de más de un millón de euros".

Por lo tanto, ha destacado que en un contexto en el que no ha variado la financiación de la Junta de Andalucía de forma importante, ni tampoco ha decaído la actividad de la Escuela, significa que la EASP cuenta con una financiación "más que suficiente" para cumplir con las obligaciones del convenio colectivo. Y se ha preguntado "por qué no redunda esta financiación sobre los trabajadores".

UGT ha lamentado que "generar hartazgo y desánimo en la plantilla de la Escuela es una estrategia de la Consejería de Salud para debilitar a la propia institución y evitar así resistencias al proyecto de ley que explícitamente habla de la extinción de la Escuela Andaluza de Salud Pública".

Por último, ha considerado que más que una integración de la EASP en otro organismo de nueva creación se trata de una desintegración de una institución granadina con cuarenta años de historia llenos de éxitos y de prestigio. "Por todo lo anterior, desde UGT pedimos al gobierno de la Junta que reconsidere continuar con el proyecto de ley que extingue a la Escuela Andaluza de Salud Pública".