El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.) Enseñanza Granada, Camilo Alaminos, ha mantenido hoy, 25 de junio, una reunión con la coordinadora provincial de Izquierda Unida (IU) de Granada, María del Carmen Pérez, para tratar la situación de los Centros de Protección y Justicia Juvenil en la ciudad de Granada. Durante la misma, delegados de CC.OO. del sector de Centros de Protección y Justicia Juvenil han trasladado a Pérez la situación en la que se encuentran los trabajadores de estos centros y las condiciones en las que se encuentran los servicios que se prestan en ellos. La muerte de una cuidadora en un centro de menores en Badajoz ha puesto en evidencia la problemática estructural que atraviesa este sector esencial.

En Granada, existen el servicio de Protección de Menores, que cuenta con doscientas treinta y cinco plazas de Atención Residencial Básica (ARB), ciento treinta y cinco de atención a Menores Extranjeros No Acompañados y ocho de Centros de Orientación de Inserción Social y Laboral (COILS).

Por su parte, el Servicio de Reforma de Menores dispone de un servicio de mediación penal de menores, un recurso destinado a medidas judiciales en Servicio Integral en Medio Abierto (SIMA), dieciséis plazas destinadas a Grupos Educativos de Convivencia (GEC) y cuarenta y seis plazas de Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), de las que treinta y de dos son masculinas y catorce femeninas.

Asimismo, han explicado que todos estos servicios se encuentran externalizados con entidades privadas mediante licitación a la baja, con ratios de personal muy ajustados o por debajo de los estándares mínimos para asegurar la calidad del servicio, asegurando que este modelo prioriza el beneficio económico por encima del bienestar de los menores. "De hecho, los trabajadores de estos centros cobran anualmente, de forma aproximada, 10.000 euros menos que sus compañeros y compañeras de los centros públicos".

Tanto IU como CC.OO. han lamentado la situación de precariedad en la que se encuentran estos trabajadores en la provincia de Granada, una precariedad que también afecta directamente al servicio que deben recibir las niñas y niños de dichos centros.

Los delegados de CC.OO. han manifestado como la falta de personal es evidente, dándose el caso de tener que asumir turnos de trabajo con un solo trabajador o trabajadora, la imposibilidad de cubrir las vacaciones o de ejercer un derecho a huelga, ya que en el caso de una sola persona trabajadora obligatoriamente ha de asistir a su centro de trabajo como “servicios mínimos”.

En este sentido, Comisiones Obreras e Izquierda Unida han exigido que se cumpla el convenio colectivo, se eliminen las licitaciones basadas exclusivamente en criterios económicos, se dote a los centros de personal suficiente para poder ofrecer una atención educativa de calidad, tal y como viene recogido en la normativa, y se realicen auditorías independientes en todos los centros de menores.

De forma paralela, han declarado que resulta imprescindible la reversión progresiva de los procesos de privatización y que la Junta de Andalucía asuma directamente la gestión de los centros de menores de la provincia.

Por su parte, IU se ha comprometido a llevar esta reivindicación a la Diputación Provincial de Granada y a distintos ayuntamientos de la provincia con el objetivo de que la Administración autonómica garantice unas condiciones dignas tanto para el personal como para los menores, "en un servicio que debe ser público, de calidad y libre de intereses mercantilistas".