La Consejería de Justicia e Interior ha realizado una nueva transferencia al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para el pago de la asistencia jurídica gratuita en la provincia de Granada, con el abono de 946.524 euros correspondiente al último trimestre de 2013 y el primero de este año.

La Administración autonómica ha sufragado, concretamente, 714.684 euros por la prestación del turno de oficio que realizan los letrados granadinos inscritos en este servicio en el último trimestre del pasado año y 231.840 euros por las guardias que han llevado a cabo estos abogados en los tres primeros meses de este año.

Con esta nueva transferencia, son ya 1.887.955 euros los que ha abonado la Junta a los abogados y procuradores de esta provincia desde que se inició el pasado mes de julio un nuevo calendario de pagos, en cumplimiento del acuerdo alcanzado este año para sufragar las cuotas por la prestación de este servicio con un carácter bimensual..

Mediante este acuerdo y el nuevo pago, la Consejería de Justicia e Interior reafirma su compromiso con un servicio fundamental para la ciudadanía y pone de relieve el diálogo permanente que mantiene con los consejos andaluces de los colegios, como representantes de estos profesionales, para consensuar las fórmulas más adecuadas que garanticen este servicio y su financiación en la difícil coyuntura económica actual.

La Junta ha venido sufragando mensualmente desde principios de año diversas cantidades por la asistencia jurídica gratuita que han elevado el importe abonado en 2013 a más de 41 millones de euros por la prestación de este servicio en toda Andalucía, mientras que desde el pasado enero se han pagado ya a estos profesionales más de 35,5 millones.

Justicia e Interior asume los costes generados por el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del citado servicio.

Incumplimiento de la ley de tasas

La Junta de Andalucía considera una prioridad el sostenimiento de este servicio fundamental y viene realizando un gran esfuerzo en los últimos años para garantizar su financiación y dar la mayor celeridad posible a sus pagos. Todo ello pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales y el incumplimiento hasta la fecha por parte del Ministerio de Justicia de la ley de tasas, que refleja en su texto la obligatoriedad de destinar su recaudación a la financiación de este servicio.

Hasta la fecha, el Ministerio de Justicia ha recaudado más de 33 millones de euros en Andalucía en concepto de tasas judiciales y no ha destinado ninguna cuantía todavía a esta comunidad autónoma para el sostenimiento de un servicio esencial para la ciudadanía.

Pese a esta falta de respaldo financiero del Estado, la justicia gratuita es una prioridad para el Gobierno andaluz al formar parte de las políticas sociales y por la igualdad al tratarse de un derecho básico para la ciudadanía que no dispone de recursos.

Más de 300.000 personas se benefician al año en Andalucía de la asistencia jurídica gratuita, que garantiza la representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales y hace realidad el principio de igualdad ante la Justicia.

En concreto, durante 2013 fueron 332.561 personas las que se beneficiaron de este servicio que prestan abogados y procuradores. Del total de personas beneficiarias de la justicia gratuita en la comunidad autónoma, 158.559 fueron usuarias del turno de oficio, mientras que 174.002 lo fueron de la asistencia que se presta a detenidos en el turno de guardia.