"En Motril asistimos a un ejercicio de prestidigitación política digno de estudio: la milagrosa transformación de las promesas electorales en sablazos fiscales. Nuestra alcaldesa, Luisa García Chamorro, prometió no subir impuestos e, incluso, bajarlos, recurriendo a ese discurso manido y fácil del Partido Popular. Pero el truco es bien conocido: le bajan los tributos a los más pudientes; al resto se los suben por la puerta trasera. Y ahí está el espejo de Juanma Moreno y el canon autonómico del agua: prometió quitarlo y no solo no lo ha quitado, sino que nos lo ha encarecido en más de un 30%.

Ahora le ha tocado el turno a la basura. La nueva ordenanza municipal se ha perpetrado a la bulla, sin reflexión política ni rigor argumentario. La única obsesión del Gobierno local del PP ha sido cuadrar la recaudación a martillazos para pagar el multimillonario contrato de la empresa concesionaria: 123 millones de euros amarrados durante 12 años. Vemos desfilar por la ciudad llamativos vehículos azules impecables, pero, para la inmensa mayoría de vecinos, no se traduce en un Motril más limpio. Las calles siguen desatendidas, los contenedores desbordados y nuestros barrios periféricos abandonados en prestación de servicios públicos porque la atención se centra en otras zonas.

El diseño del cobro es tramposo. Usar únicamente los metros cuadrados para la basura doméstica ha beneficiado, curiosamente, a las nuevas promociones de apartamentos frente a la vivienda tradicional, aunque cabe preguntarse ¿Por qué no han incluido más criterios que adecuen la tasa a la capacidad económica y a la real generación de residuos?

En cuanto a la basura industrial, la ordenanza asesta un golpe mortal a nuestro comercio de proximidad, pymes y hostelería. Hablamos de recibos que se disparan con una subida salvaje de hasta un 356,47%. El ejemplo más sangrante lo tenemos en una tienda de perecederos que, de pagar 258,73 € en el año 2025, pasa a pagar este año la friolera de 1.181,00 €, o lo que es lo mismo, 927,27 € más. Supongo que para el equipo de Gobierno esto debe ser su particular forma de incentivar el comercio local: ahogándolo antes de que abra la persiana.

«¿Cuántas barras de pan o kilos de fruta tienen que vender nuestros comerciantes para asumir un sablazo de casi 1.000 euros más por el mismo servicio?»

Y que no nos mientan acusando al BOE. La ley estatal 7/2022 exige financiar el servicio, pero en sus artículos 11 y 18 permite incentivar explícitamente la actividad económica responsable.

Otros ayuntamientos demuestran cómo proteger a su pequeño comercio y hostelería: Sevilla aplica una reducción a comercios que inician actividad, bonifica a establecimientos que usan bolsas biodegradables, e incluye una rebaja donde haya obras públicas que afecten al acceso comercial. Además, en otros municipios como Cádiz aplican un descuento a las actividades que combate el desperdicio alimentario.

En Motril, sin embargo, el PP aprobó un texto vacío de incentivos y de espaldas por completo al tejido productivo.

En Motril falta gestión y sobra cinismo. El concejal Juan Fernando Hernández defendía en el Pleno Extraordinario del 10 de octubre de 2025 que la ordenanza no subía la tasa a autónomos y comerciantes. Viendo el desastre en los recibos, cambia la versión sin despeinarse y dice ahora que se refería a la doméstica. Ese volantazo denota una improvisación vergonzosa, una absoluta falta de rigor y un desconocimiento sonrojante de lo que ellos mismos aprobaron; o bien —y prefiero no pensar mal— una «mentira propagandística» más dentro del habitual modus operandi de este equipo de Gobierno del PP.

El resultado final: una ordenanza que es una improvisación calculada, bajo la excusa de la celeridad, que ha conllevado una tasa abusiva.

Saben desde 2022 que esta ley debía aplicarse —normativa en la que el PP nacional, por cierto, no votó en contra, sino que se abstuvo—. Pero hay más: los informes técnicos de la propia consultora contratada advierten que a partir del año 2027 la concesionaria ajustará los precios conforme al VEC (Valor Estimado del contrato).

Por todo ello, pregunto desde aquí, abiertamente, a la señora alcaldesa: ¿Eso significa otro hachazo fiscal para nuestros comerciantes y vecinos?

Gobernar no es meter la mano en el bolsillo del comercio local ni culpar a Madrid. Gobernar es apoyar al tejido productivo y premiar a quien recicla, separando mejor y generando menos residuos, porque de eso trata precisamente la ley: de avanzar en sostenibilidad sin asfixiar al ciudadano.

Motril exige una ordenanza justa y de verdad ecológica, no este castigo fiscal".