Un total de trece organismos de la Administración General del Estado (AGE) cuentan ya en sus instalaciones con un Punto Violeta, un espacio seguro para las víctimas de violencia de género en el que se les acompaña y apoya al mismo tiempo que se les informa sobre los recursos públicos a los que pueden acceder. El Punto Violeta acerca la información de los servicios integrales a las víctimas y facilita pautas sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista.

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha participado hoy, 25 de octubre, en una sesión de evaluación de la actividad realizada por estos Puntos Violeta, que están diseminados por distintos organismos de la Administración General del Estado en la provincia. En concreto, cuentan con estos espacios la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Policía Nacional, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Muface, la Inspección de Trabajo, el Centro de Inserción Social Matilde Cantos, la Subdelegación del Gobierno, el Centro Penitenciario de Albolote, la Guardia Civil, la Delegación Provincial del INE, la Dirección Provincial de Tráfico y el Centro Experimental del Zaidín.

López Calahorro ha agradecido a los empleados públicos “la gran implicación que han tenido con esta medida innovadora que nos ayuda a mejorar la atención y protección de las víctimas” y ha señalado que “seguiremos trabajando para que la iniciativa se extienda a otros organismos de la AGE”. En el Punto Violeta, cualquier persona se puede descargar una guía de actuación contra la violencia de género a través de un código QR.

Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España en el contexto de alarma machista de los últimos meses y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella.

.