El presidente del PP de Órgiva y exconcejal de Educación en el Ayuntamiento del municipio, Ángel García Carpintero, ha sido citado para declarar en calidad de investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La "abundante y concluyente" documentación en poder del Juzgado de Instrucción número 2 de Órgiva ha sido determinante para que la jueza cambie la condición de “testigo” a la de “investigado”.

Los hechos se remontan al año 2017, fecha en la que expiró el plazo de concesión de la gestión de la escuela infantil municipal de Órgiva, quedando desde entonces en 'stand by' el procedimiento para la licitación de este servicio público. En junio de 2019, tras la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, el recién nombrado alcalde, Raúl Orellana (PP), firmó el decreto de inicio del expediente de licitación por el procedimiento de urgencia. En el pleno del mes de noviembre de 2020, ante la falta de inacción en la licitación, la entonces concejala de Ciudadanos, Raquel Álvarez, formuló una pregunta respecto al estado de dicha licitación, siendo contestada por el secretario de la corporación, quien afirmó que “hasta hacía apenas unos meses no había llegado de la Diputación la documentación necesaria para proceder a su licitación, la cual se realizaría en breves fechas”.

Así las cosas, viendo que la licitación seguía sin ejecutarse, el grupo municipal de Ciudadanos presentó una Moción al pleno en febrero de 2022 para que se efectuase definitivamente la licitación. La respuesta la dio el entonces concejal de Educación, Ángel García Carpintero (PP), responsable político directo de la gestión de la escuela infantil, quien manifestó abiertamente “que no se realizaría la licitación porque de esta manera el Ayuntamiento se ahorraría 50.000 euros”. El alcalde, Raúl Orellana (PP), por su parte, redundando en el tema, apostilló “que lo que funcionaba bien no había por qué cambiarlo y, además, el Ayuntamiento se ahorraba 50.000 euros”. La moción fue rechazada por los siete votos en contra de los miembros del equipo de gobierno (PP, UCIN y Ganemos Órgiva), “obviándose de esta manera el mandato exigible en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”, ha afirmado Álvarez.

Por otro lado, la entonces concejala de la formación naranja ha incidido en que “cabe resaltar en este punto que el equipo de gobierno de entonces estaba conformado por cuatro concejales del PP, dos de UCIN y uno de Ganemos Órgiva, y que desde el mes de marzo de 2019 es administradora única de la empresa adjudicataria la hermana del primer teniente de alcalde, José Miguel Herrera (UCIN), por lo que, al margen ya de su ilegalidad, es obvio que podrían existir, presuntamente, otros intereses bien distintos para no sacar a licitación la escuela infantil. Y no sería de extrañar que en las próximas semanas sea aumentado el número de investigados, teniendo en cuenta que la licitación no se acordó en el pleno por la negativa de los siete miembros del equipo de gobierno y, al ser el Pleno un órgano colegiado, la responsabilidad es exigible a cada uno de ellos”.

Por otro lado, Álvarez ha continuado señalando que “las escuelas infantiles municipales se encuentran subvencionadas en la actualidad por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 3 de febrero de 2020. En el caso de Órgiva la subvención anual podría alcanzar la cifra de 144.640,21 euros, por lo que la cantidad, en su caso, percibida al margen de lo establecido en la LCSP rondaría el millón de euros”. A este respecto, Álvarez ha insistido en que “todas las facturas presentadas por la empresa adjudicataria en ese período fueron “reparadas” por la Intervención municipal por encontrarse al margen de la ley; es decir, el interventor municipal mostraba su disconformidad con el pago de dichas facturas por contravenir lo establecido en la LCSP, “reparos” que fueron sistemáticamente levantados por los cargos políticos con 'Informe de Discrepancias' bajo la fórmula generalista de que existiría enriquecimiento injusto por parte de la Administración, a sabiendas de que su abono era contrario a derecho”.

La declaración de Ángel García Carpintero en calidad de investigado por estos hechos se llevará a cabo este viernes, 27 de octubre, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Órgiva.

“Éste es el segundo procedimiento penal que incoa este mismo juzgado a miembros del equipo de gobierno de Órgiva, estando en proceso de instrucción otro anterior en los que se encuentran investigados el alcalde, Raúl Orellana (PP), el primer teniente de alcalde, José Miguel Herrera (UCIN), y una funcionaria del Ayuntamiento por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, malversación de fondos y tráfico de influencias”, ha concluido Álvarez.