Esta formación critica que la Mancomunidad y el Ayuntamiento no han tomado medidas para evitar el daño a la salud pública en la Costa por vertidos
La balsa contaminada con vertidos de aguas fecales de Ítrabo está a la vista de cualquiera. Es más, está al alcance de todos, desprendiendo ácidos y gases. En concreto, se sitúa en la calle Almuñécar. Por allí pasan niños y animales cada día. Esas aguas fecales urbanas sin tratar ni depurar se filtran al exterior de la vía pública. Tan sólo una nota de la Comunidad de Regantes de la Vega Baja de Ítrabo avisa de que desde hace casi un año no pueden regar con ese agua sus campos. La firma su presidente, Antonio Jiménez Montes, que también es concejal no adscrito afiliado a VOX en el municipio.
El edil recuerda la lucha que mantiene desde hace mucho tiempo para que le escuchen. “En la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical tienen infinidad de escritos míos desde hace ahora un año, así como en el Ayuntamiento de Ítrabo, advirtiendo del grave perjuicio a la salud de las personas, pero no se han dignado ni a recibirme para tratar este grave problema”, lamenta.
Antonio Jiménez no entiende cómo no se ha hecho nada por parte de estas instituciones, cuando deberían garantizar la salud de las personas por encima de todo. La realidad es que se siguen vertiendo aguas fecales sin tratar ni depurar, a pesar de que existe una resolución de julio de 2019 de la Delegación Territorial de Agricultura de Granada en la que obliga a la Mancomunidad al cese inmediato de los vertidos.
Por la institución supramunicipal han pasado ya tres presidentes: Sergio García Alabarce, María Eugenia Rufino en funciones y María José Sánchez, que es la que está al frente del ente mancomunado en la actualidad y que anteriormente fue delegada del Ciclo Integral del Agua. Por su parte, Antonio Jesús Carrascosa es alcalde de Ítrabo desde hace 12 años. Todos son conocedores del grave problema, sin embargo, según el militante de Vox, “no han hecho nada” durante todo este tiempo para evitar que se siga produciendo un daño a la salud pública de los ciudadanos, al medio ambiente, a los cauces públicos y al Mar Mediterráneo y que afecta ya a 6 municipios de la Costa Tropical.