El detenido denunció la sustracción de su cartera con 700 euros tras ser empujado por un individuo dentro del kiosco de lotería donde trabaja
Agentes de la Policía Nacional en Granada han detenido a un hombre de 41 años al que se le atribuye la presunta autoría de denunciar que un individuo le empujó contra el interior del kiosco de lotería donde trabaja, para sustraerle una cartera que contenía 700 euros en billetes fraccionados, correspondientes a la venta de cupones. El mismo individuo habría dado parte al seguro que tiene contratado la organización para la que trabaja para que se hicieran cargo de abonar la cantidad robada.
Simuló la sustracción de su vehículo
El hombre denunció la sustracción de su cartera con 700 euros, por parte de un individuo que le empujó contra el interior del kiosco donde trabaja, sito en la zona Sur de la ciudad, añadiendo que un cliente desconocido había visto como el individuo huía corriendo del lugar.
Iniciadas las investigaciones y tras realizar ciertas comprobaciones se pudo determinar que el denunciante no se encontraba en el kiosco en el momento en que dijo que habían ocurrido los hechos.
También pudo determinarse que el hombre se encontraba en una sala de juegos del barrio la mañana en que dijo haber sufrido el robo.
Verificados ciertos extremos de la investigación, y comprobados presuntos indicios de falsedad en los hechos motivadores de la denuncia presentada, los agentes procedieron a la detención del denunciante y a realizar el atestado policial. De estos hechos se dio cuenta a la autoridad judicial.
Protocolo establecido para reclamar los perjuicios ocasionados
Estas conductas suponen una distracción de las funciones de prevención y persecución del delito que tiene encomendada la Policía Nacional, además de un perjuicio para la sociedad y va en detrimento de las verdaderas víctimas de hechos delictivos.
Debido al incremento en los últimos años de estos ilícitos penales la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha establecido un protocolo para reclamar los gastos ocasionados por los simuladores de hechos delictivos, que de media están alcanzando de 200 a 1000 Euros y que, cuando la autoridad judicial lo estima ajustado a derecho, son reclamados a los autores de estos hechos.