El uso de las aguas residuales, tras un tratamiento terciario, se consideran aptas para riego, no así las que se vierten ahora, que van directamente, mediante un colector, al fondo del mar. Este tratamiento terciario, sería pagado por los beneficiarios, en este caso los agricultores, ya que así está dispuesto en la legislación europea y en la vigente ley de aguas: “El titular de la concesión o autorización deberá sufragar los costes necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad vigentes en cada momento.� Una vez concedidas las aguas procedentes de la depuradora, se cambiaría la concesión existente de aguas del río Verde, por éstas. Así quedarían libres las aguas del Río Verde que discurrirían hasta el mar, cumpliendo lo dispuesto en la Ley sobre caudales ecológicos, y rellenando el acuífero con aguas de calidad. Obviamente el cambio de concesión sería respecto al origen de las aguas y no en la cantidad que establece el Plan Hidrológico de Cuenca, es decir, que no habría más agua sino la misma que hay ahora. La ventaja es que se dispondría de un caudal fijo para usar sin depender de los flujos del río dependientes de la climatología. Con respecto al uso de las aguas depuradas de mala calidad, y su cambio de punto de vertido, desde el fondo del mar al cauce del río Verde, Ecologistas en Acción ha advertido a la Consejería de Medio Ambiente de que la autorización concedida es temeraria ya que, según los informes del Instituto Geológico y Minero de España, no se puede asegurar que no resultaría afectado el acuífero, del cual se extrae agua para el abastecimiento del pueblo. Una vez contaminado el acuífero sería casi imposible de limpiar, perdiéndose un recurso de gran valor ante el futuro negro, con respecto a las precipitaciones, que se nos avecina. Es el momento ideal para que la Junta de Andalucía tenga en cuenta el Plan Andaluz de Adaptación al Cambio Climático en lo que respecta al uso del agua ( protección de la calidad de los recursos hídricos disponibles) Por supuesto que si se vierte este agua residual sobre el cauce y llega a contaminarse el acuífero – ignorando deliberadamente el principio de precaución redactado en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea- los responsables deberían responder por ello, y el Código Penal deja bien claro que contaminar un acuífero es un delito ecológico sancionado con cárcel.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.