Podemos Andalucía ha presentado alegaciones ante la Autoridad Portuaria de Motril en relación con la solicitud de concesión demanial promovida por la mercantil MDT Port Investments, S.L., para la ocupación de 2.494,55 metros cuadrados de dominio público portuario destinados a una infraestructura de recepción y atención de pasajeros de cruceros internacionales.

A su vez, ha registrado, sobre la misma cuestión, preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que preside Óscar Puente.

En comparecencia ante los medios, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha asegurado que, pese a presentarse como una simple concesión de uso portuario, el proyecto constituye, en realidad, “la implantación de un modelo turístico con un impacto que excede ampliamente el ámbito del puerto y que afecta directamente a la movilidad de la costa granadina y del interior de la provincia, a la capacidad de acogida de Granada, a la conservación de su patrimonio histórico y natural, y al funcionamiento de las redes estatales de carreteras�.

Para Durán, “no se puede obviar que el proyecto tiene consecuencias medio ambientales muy grandes, ya que también afecta a la calidad del aire, al cumplimiento de las zonas de bajas emisiones y, en definitiva, al modelo turístico provincial�, pues “hablamos de miles de pasajeros por escala que van a generar un importante incremento de los desplazamientos y que se van a congestionar los accesos principales al puerto y a los principales ejes de comunicación hacia Granada, Sierra Nevada y la Alpujarra. Además, este modelo supone una mayor presión sobre los servicios públicos�.

Rediseñado para evitar el concurso público

Según ha explicado Podemos Andalucía, durante 2024 se impulsó un procedimiento para construir una gran terminal privada de cruceros de unos 60.000 metros cuadrados de superficie terrestre y más de 72.000 metros cuadrados de lámina de agua, con capacidad para 350.000 cruceristas al año y una concesión de hasta setenta y cinco años. Aquella iniciativa, que contó con amplia difusión institucional, no llegó a materializarse.

La formación sostiene que el proyecto, actualmente en información pública, es, en la práctica, una reformulación de aquella actuación, ajustada "al centímetro" para situarse por debajo del umbral de 2.500 metros cuadrados que la Ley de Puertos exige para poder acudir a concurso o trámite de competencia de proyectos. De superar esa superficie, la normativa portuaria obligaría a una convocatoria pública en la que pudieran concurrir distintos proyectos, en lugar de la adjudicación directa a un único solicitante.