Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), que se ha concentrado hoy a las puertas del Parlamento de Andalucía para reclamar una subida del precio/plaza acorde a las necesidades de los centros, advierte a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones andaluzas que si no hay un compromiso por escrito antes de los comicios y si éste no se cumple antes del inicio del próximo curso escolar, los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) cerrarán sus puertas hasta que se suba el precio/plaza.

El presidente de CEI-A, José Luis Victorio, lamenta que el Gobierno de la Junta saliente “no haya escuchado a las Escuelas Infantiles, que están viviendo una situación terrible porque el precio plaza y las exigencias del Decreto de Escuelas Infantiles, además de las subidas salariales, las están asfixiado y obligando a cerrar en muchos casos�.

Victorio señaló que “nos parece una buena iniciativa la gratuidad de esta etapa escolar, que es fundamental para el futuro desarrollo escolar y psico-físico y social de los y las menores, pero si no se mejora el precio/plaza estos niños y niñas no tendrán escuela a la que ir�.

“La asociación ha realizado un informe que demuestra que el precio-plaza está muy debajo de los costes de las escuelas. De hecho, establece que, aunque haya ocupación total, los centros no son sostenibles por el aumento de gastos laborales y los derivados de la aplicación del nuevo Decreto de Escuelas Infantiles�, remarca Victorio.

De 2019 a 2026, los gastos de personal en los centros de gestión indirecta se han incrementado un 59,8 % en el caso de las educadoras y un 42,6 % en el de las auxiliares. En el caso de los centros de gestión directa, los incrementos han sido del 34,2 % y el 32 %, respectivamente, mientras que el IPC en el mismo periodo acumuló una subida del 24,6 %.

Este incremento de los costes laborales ha coincidido con un descenso de la natalidad y una menor escolarización. Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en 2023 había 197.741 menores de 0 a 3 años, mientras que diez años atrás se contabilizaban 278.605, lo que supone prácticamente una reducción de casi el 30 %. El porcentaje de plazas desocupadas aumenta cada curso, alcanzando un 24,9 % al inicio del curso 2025/2026.

A esto se une la aplicación del nuevo Decreto que regula las Escuelas Infantiles y que ha supuesto un incremento adicional de los costes de personal en numerosos centros. La normativa exige ampliar la dotación mínima obligatoria. Este cambio ha generado un aumento directo del gasto salarial que no ha venido acompañado de una actualización proporcional del precio plaza.

Esta situación es especialmente crítica en los centros de gestión indirecta (aquellos conveniados con administraciones locales). Es el caso de las escuelas infantiles gestionadas por ayuntamientos, que dependen totalmente de la aportación autonómica. Como resultado, cada vez más municipios se encuentran con concursos para adjudicar las escuelas infantiles que quedan desiertos, ya que ninguna entidad puede asumir la gestión bajo las condiciones de financiación actuales poniendo en riesgo la continuidad del servicio público de educación infantil en determinadas localidades.

Dado el desequilibrio identificado, CEI-A propone un aumento del precio plaza de 104,59 euros hasta los 437,12 euros, lo que representa un incremento del 31,5 %. “Este ajuste refleja una actualización técnica y justa, basada en criterios objetivos y en la estricta compensación de los aumentos efectivamente soportados en costes laborales y gastos no salariales afectados por el IPC�, indica Victorio quien añade que “CEI-A propone establecer una revisión anual automática del precio por plaza indexada a la inflación y a la evolución de los costes laborales del sector. De este modo, se evitará acumular un desfase como el ocurrido en la última década, donde los precios quedaron congelados mientras todos los gastos subían cada año. Una actualización periódica daría estabilidad al sector�.

En paralelo, “proponemos revisar el propio decreto para recuperar cierta flexibilidad organizativa que no compromete la calidad. Queremos que se vuelvan a permitir las aulas compartidas de diferente edad, lo que ayudaría a optimizar recursos sin coste adicional para la Junta�, apostilló José Luis Victorio.