La Junta de Andalucía ha celebrado hoy, 21 de noviembre, en Granada la segunda de las formaciones provinciales dirigidas a profesionales para la aplicación del nuevo Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género, una herramienta renovada que amplía y mejora la respuesta institucional a una de las realidades más invisibilizadas.

El delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha inaugurado la jornada destacando que el nuevo protocolo es “un avance imprescindible para garantizar una atención más accesible, eficaz y coordinada para todas las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género”.

Granados ha subrayado que el documento “deja atrás el enfoque exclusivamente judicial de la versión anterior y ofrece un marco integral que abarca todos los ámbitos de intervención: sanitario, social, educativo, policial y comunitario”.

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha puesto el acento en la importancia de la formación especializada, señalando que “las mujeres con discapacidad tardan más en denunciar la violencia de género, casi el doble que las mujeres sin discapacidad. Esta realidad nos obliga a formar a profesionales de todos los sectores, no solo del ámbito judicial. La detección temprana salva vidas”.

El nuevo protocolo, presentado en el último pleno del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género, actualiza el documento aprobado en 2021 e incorpora las aportaciones de entidades referentes como CERMI Andalucía y FAMDISA, lo que refuerza su carácter participativo y colaborativo.

La actualización amplía el enfoque para abordar la atención desde una visión global, integrando todos los tipos de discapacidad y contemplando barreras físicas, comunicativas, cognitivas y sociales.

La sesión celebrada en Granada forma parte de un ciclo y contempla dos bloques formativos: un bloque, enfocado en la comprensión de la realidad de las mujeres con discapacidad, la inclusión social, la autonomía personal y las dificultades añadidas que enfrentan en situaciones de violencia; y un segundo bloque, de carácter práctico, centrado en el conocimiento y aplicación del protocolo.

Ortiz ha destacado que estas formaciones se desarrollan “en estrecha colaboración con las entidades que han participado en la mejora del protocolo, reforzando la coordinación entre administraciones y el movimiento asociativo”.