La unificación del régimen jurídico de los empleados públicos, la clarificación de las competencias exclusivas de los funcionarios, el desarrollo de la carrera profesional, la evaluación del desempeño y demás cambios introducidos en la nueva Ley de Función Pública aprobada recientemente por el Parlamento serán de aplicación en las entidades locales. Para explicar los contenidos de la norma a cargos y personal del ámbito municipal, responsables de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función han participado hoy, 20 de junio, en una acción formativa organizada por la Diputación de Granada.

Bajo la dirección académica del secretario general para la Administración Pública de la Junta, Arturo Domínguez, el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de la Diputación granadina ha acogido unas jornadas en las que se han analizado las principales novedades de la ley. Con ella se actualiza la normativa de 1985 por la que hasta ahora se regulaba la Administración Pública, con el fin de adaptar ésta al siglo XXI.

El objetivo principal es prestar el mejor servicio a los ciudadanos y para ello apuesta por la formación y motivación del personal, así como por la evaluación del trabajo que se realiza.

Durante las jornadas, tanto Domínguez como la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Márquez, han explicado las competencias y potestades que la ley establece para cada tipo de empleados públicos, la apuesta por la formación continua como un derecho y un deber de éstos o la adaptación de los procesos selectivos a las funciones a desempeñar en cada puesto.

Ambos han incidido en que la ley busca captar y retener el talento, por lo que contempla una de las reivindicaciones históricas de los empleados públicos, el desarrollo de la carrera profesional, que permitirá su promoción y ascenso sin tener que cambiar de puesto, así como la evaluación del desempeño para incentivar el esfuerzo y el compromiso.

También se ha abordado la creación de la figura del directivo público profesional, igualmente sometido a procesos selectivos en función de competencias y capacidades así como a la evaluación.

El secretario general para la Administración Pública ha explicado que la norma será de “aplicación directa para las administraciones locales en todo aquello que no tengan regulado expresamente y en el resto tendrá carácter supletorio”.

Tras su publicación en el BOJA el pasado miércoles, 14 de junio, la Ley de Función Pública de Andalucía entrará en vigor en su mayoría en seis meses, si bien algunos contenidos ya son de aplicación. Además, aspectos como la regulación del teletrabajo o los cambios en los procesos selectivos requerirán un desarrollo reglamentario.