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La Junta recuerda que la devolución del canon por ocupación del dominio público marítimo terrestre es competencia del Gobierno Central.

Ese canon lo cobra la Administración del Estado (Gobierno Central) todos los años y por tanto corresponde a esa administración su devolución tal como piden los municipios de la costa granadina.

Desde la delegación territorial de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible afirman contemplar con estupor las opiniones vertidas en algún medio de comunicación provincial, en el que indica que el Servicio Provincial de Costas, dependiente del Gobierno central, ha comunicado a distintos ayuntamientos costeros, entre ellos Motril y Almuñécar, que la solicitud de devolución del canon de ocupación del dominio público marítimo terrestre es competencia de la Junta de Andalucía.

La ley 22/1988 de 28 de julio, de costas establece en sus artículo 84 lo siguiente: Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado. Por tanto el canon siempre será de titularidad estatal y tendrá carácter anual con un importe cercano a los 12.000,00 euros.

Diferente al canon, es la tasa, que sí se cobra por la administración autonómica por prestación de un servicio realizado por esta administración al ciudadano durante la tramitación de las solicitudes de ocupación, teniendo esta tasa una cuantía máxima establecida de 776,90 euros y cuyo pago es único.

Aclarar que ante la situación producida por el COVID19, esta delegación territorial recibió el pasado mes de mayo del presente, escrito del Servicio Provincial de Costas, dependiente del gobierno central, en el que comunicaba que había informado a todos los ayuntamientos con autorizaciones de ocupación de DPMT en temporada, para que solicitaran una modificación del periodo de ocupación para el caso de instalaciones que por la alarma sanitaria no se hayan podido instalar en el periodo autorizado inicialmente, todo ello con el objetivo final de que el gobierno central disminuya la cuantía del canon de ocupación o en su caso lo devuelva como piden los municipios de la costa granadina.

Desde la recepción de este escrito, la delegación territorial de agricultura y desarrollo sostenible en Granada resolvió todas las modificaciones de autorizaciones de temporada para 2020 recibidas, por las razones de la alarma sanitaria por COVID19 solicitadas por los titulares, tanto ayuntamientos (planes de playa), como particulares (en los municipios en los que los ayuntamientos no tienes planes de playas); tramitándose tanto la disminución de los periodos de ocupación como incrementos de superficie para adaptación a la normativa COVID19.

Dichas resoluciones se remitieron al Servicio Provincial de Costas para su repercusión en el canon por ser éste el competente en la devolución, y/o reducción del mismo. Por lo que los municipios de la costa reiteran la bonificación total del canon siendo una decisión exclusiva del gobierno central.

Llegados a este punto "instamos desde la delegación territorial de agricultura y desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía, al Gobierno central, de quien depende el servicio provincial de costas, que no lance más informaciones que llevan a la confusión y exprese de manera clara y eficaz si va a devolver, reducir, adaptar o bonificar el canon a los titulares de los distintos establecimientos, canon en el que la Junta de Andalucía no tiene competencias ni lo cobra, por lo que difícilmente puede devolver un impuesto en el que no tiene responsabilidad".

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