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Las playas se cierran al ocio y esparcimiento a las 21.30 horas y hasta las 7 de la mañana.

La nueva modificación de la Orden también recoge cambios en el área de hostelería y celebración de eventos, con una considerable reducción del aforo y horarios.

Desde la Junta de Andalucía se han aprobado una nueva batería de medidas dadas las actuales circunstancias epidemiológicas y con el objetivo de reducir los riesgos de contagio y transmisión del Covid-19.

Esta nueva normativa modifica en parte la Orden del 19 de junio de medidas preventivas en materia de salud pública y se centra en la apertura de playas, gestión en residencias de mayores, centros de día, celebraciones de eventos y actividades de tiempo libre y animación.

En primer lugar, acuerda que los Ayuntamientos adopten las medidas necesarias para el cierre de playas al ocio y esparcimiento en horario de 21.30 a 7.00 horas, exceptuando la pesca y otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados en las mismas.

Medidas en eventos y celebraciones

La nueva modificación de la Orden también recoge cambios en el área de hostelería y celebración de eventos. En este caso, se establece que los salones de celebraciones tendrán un máximo del 75% del aforo, con celebraciones que no superarán las 150 personas al aire libre y 100 en espacios cerrados y que deben cumplir con los horarios previstos para hostelería. Asimismo, el consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en mesa.

De igual modo, podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos sin superar el 75% del aforo y manteniendo la distancia interpersonal establecida, el uso de mascarilla y la estricta higiene de manos. Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1.00 horas y la ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. En los eventos multitudinarios que se celebren en espacios cerrados y concentren a más de 200 personas o 300 personas si son al aire libre, se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria.

Esta nueva normativa es aplicable desde el 1 de septiembre de 2020.

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