La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se ha trasladado a Madrid para participar en los Consejos Consultivos y Conferencias Sectoriales de asuntos agrarios y pesqueros, donde reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que explique en Bruselas que los aranceles anunciados por Estados Unidos son la consecuencia de un asunto que no está relacionado con el sector agrario y que, por tanto, “no pueden tomar como rehenes a los productos agrarios de España y de Andalucía”. Asimismo, solicita al Gobierno central contundencia y una postura firme en Europa para evitar que se produzca “intercambio de productos” entre los afectados por los impuestos de entrada de la Administración de Donald Trump.
Antes de tomar parte en las reuniones con sus homólogos de las demás comunidades autónomas, la titular andaluza ha recalcado que desde la Junta se apuesta por establecer “un frente común de todas las Administraciones con la Unión Europea (UE) que permita bloquear esta circunstancia, que influye muy negativamente en el comercio de nuestros productos, hace inviable que llegue un precio justo al agricultor y pone en riesgo su competitividad”. La consejera ha apuntado la necesidad de mantener el volumen actual de las exportaciones agroalimentarias andaluzas eliminando las consecuencias que conllevarían estos impuestos estadounidenses a los alimentos de Europa.
Asimismo, Carmen Crespo ha resaltado la implicación del propio presidente del Gobierno regional, Juanma Moreno, en este asunto de relevancia para los intereses agrarios y económicos de la Comunidad Autónoma, ya que “afecta a muchos productos españoles, y especialmente andaluces”. De hecho, el máximo representante de la Junta de Andalucía abordará esta cuestión hoy en Bruselas en un encuentro con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, propuesto para ocupar la cartera de Comercio cuando se configure definitivamente el próximo Colegio de Comisarios.
En cuanto a la posibilidad de que se articulen ayudas desde la UE, Crespo ha recalcado que estas subvenciones no deberían financiarse con los fondos de la reserva de crisis de la Política Agrícola Común (PAC), cuyo objetivo es respaldar a los productores en otras circunstancias propias de los mercados agrarios.
Brexit y PAC
En cuanto a la nueva política europea, la consejera andaluza ha apuntado también la necesidad de contar con “una PAC fuerte y simplificada que permita tener ayudas al agricultor sin tantas dificultades”, y ha recalcado que “Andalucía ya ha hecho el trabajo” que se plantea en la ‘arquitectura verde’. Al respecto, ha resaltado que los cultivos andaluces “han fijado la población al territorio” permitiendo el mantenimiento del mundo rural a través de la apuesta de los agricultores y ganaderos por métodos de producción sostenibles. “Nuestras agriculturas, como, por ejemplo, el bosque mediterráneo o la dehesa andaluza, son sumideros de CO2, y eso hay que ponerlo en valor en esta PAC y hoy lo vamos a defender”, ha anunciado Crespo antes de comenzar las reuniones previstas en la sede del Ministerio.
La consejera ha hecho también hincapié en que “a Andalucía, y a toda España, le ha ido bien con una PAC basada en las regiones productivas donde se prime la actividad agraria y se dé posibilidades para que el sector agrario siga hacia adelante”, por lo que desde la región se defiende su mantenimiento. Asimismo, ha apuntado también que la nueva Política Agrícola Común post 2020 debe beneficiar “especialmente” al joven agricultor, explicando que “el relevo generacional es fundamental para tener un campo cada vez más dinámico y con más posibilidades, y, por tanto, hay que primar al joven agricultor” en su acceso a las ayudas directas.
En cuanto al Brexit, Carmen Crespo ha recordado que la Junta de Andalucía ha solicitado, por un lado, “un fondo para las exportaciones que no suponga una merma de los recursos de la PAC”; y por otro lado, que se permita realizar “el papeleo” de las aduanas en el lugar donde se comercializarán los productos y que se contemplen moratorias para intentar lograr una unificación de las normativas.
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