Convergencia Andaluza denuncia que la concejal de su grupo, Dolores Jiménez, no pueda acceder a su acta de concejal por no convocarse plenos ordinarios desde junio.

Según explica CA, el concejal andalucista Ángel Ortega Fernández presentó su renuncia en el registro municipal el pasado 5 de julio al pasar a desempeñar la función de secretario del grupo municipal. Al no celebrarse el pleno ordinario correspondiente al mes de julio, "incumpliendo la normativa legal y el acuerdo plenario de 26/06/2019, que acordó que las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, de carácter ordinario, se celebren el último jueves de cada mes", no se pudo tramitar esta renuncia hasta el pleno extraordinario de 8 de agosto, donde se aprobó el Plan de Urbanismo, eso sí, contando los andalucistas con un concejal menos que los obtenidos en la elecciones.

Para CA, "en una nueva muestra de la desorganización administrativa que impera en el Ayuntamiento, enviaron 'erróneamente' la documentación a la Junta Electoral Central, que lógicamente no pudo tramitarla al estar aún en funciones la Junta Electoral de Motril. Solo tras advertirles de su error realizaron la tramitación correctamente enviándola a la Junta Electoral de Motril que procedió a extender la credencial de concejal a Loli Jiménez el día 3 de septiembre".

Pero afirman que todo no queda ahí: "Tras esta lamentable peripecia, cuando parecía que por fin podría tomar posesión de su cargo la concejal andalucista, al no celebrarse el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, incumpliendo nuevamente la normativa legal y el acuerdo plenario de 26/06/2019, tampoco ha podido ejercer el derecho constitucional de representación que legítimamente le corresponde.

“Ante esta vulneración de los derechos constitucionales de la concejal electa andalucista, Loli Jiménez, a la que se está impidiendo “de facto” reiteradamente tomar posesión de su cargo de concejal, hemos requerido formalmente a la Sra. Herrera, advirtiéndole de acciones legales de persistir en su obstinada negativa a cumplir las normas legales recogidas en la Ley de Régimen Electoral, la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento Orgánico de funcionamiento de los Ayuntamientos”, concluye CA en su nota.