Andalucía recibirá 1.505.835,54 € para tratamientos y asistencia normalizada a la población drogodependiente.
El Gobierno aprueba el reparto de 9.519.400 euros para los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas que desarrollan las CC.AA.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos previstos para los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas que ascienden a 9.519.400 euros y que desarrollan las distintas comunidades autónomas, correspondientes al ejercicio 2018.
Tanto los criterios de distribución como el reparto resultante para 2018 fueron aprobados en la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, celebrada el pasado 18 de septiembre.
El presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas incorpora los créditos a transferir a las CC.AA. (todas, excepto País Vasco y Navarra, por su régimen de cupo) y a las Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención de programas relacionados con las drogodependencias, en aplicación de lo establecido en el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria.
El destino de estos créditos es cubrir los gastos derivados del desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los planes autonómicos (programas de atención directa a toxicómanos, programas de atención a familias, de reinserción social y laboral, etc.), desarrollo de programas de prevención, de los sistemas de información, así como los gastos derivados de programas de rehabilitación de toxicómanos con problemas jurídico-penales.
Esta transferencia permitirá a las CC.AA. poder desarrollar, entre otras actuaciones, convocatorias de subvenciones para las entidades del Tercer Sector dedicadas a las drogodependencias en sus respectivos ámbitos territoriales.
Tanto el destino de los créditos como su aplicación es independiente de las obligaciones adquiridas por las CC.AA. para proveer la asistencia normalizada a la población drogodependiente, reconocida como prestación del sistema público en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, cuya financiación corresponde a las administraciones autonómicas.
La distribución del crédito se efectuará atendiendo a criterios como la población, el número de admisiones a tratamiento, el número de casos notificados o de los programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico penales; todo ello, en función de las características de cada programa.
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