El Gobierno andaluz suscribirá convenios con cerca de 90 ayuntamientos de la provincia para favorecer la reinserción social de los menores infractores sometidos a medidas judiciales, impuestas en régimen abierto.


Estos acuerdos entre instituciones tienen un enfoque eminentemente educativo y buscan el reconocimiento una mala acción cometida, de manera que el menor asuma su responsabilidad resarciendo, de alguna forma, a la sociedad el daño producido.


Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno de la Junta, Sandra García, con motivo de la firma de uno de estos acuerdos con el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado. Según García estos convenios pretenden “reforzar la colaboración de todos los agentes implicados en la recuperación de los menores infractores, desde la educación y el servicio a la comunidad en su propio entorno”, ha detallado la delegada, quién cifró en un 80% la tasa de no reincidencia, “lo que demuestra la utilidad y la efectividad de estas medidas”.


La Consejería de Justicia e Interior ha ejecutado durante el año 2016 un centenar de medidas con prestaciones que tiene como objetivo reeducar a menores infractores a través de trabajos en beneficio de la comunidad, impuestos por los órganos judiciales de Granada.


La delegada ha explicado que los convenios con ayuntamientos y entidades “no comportan ninguna contraprestación económica y tienen como finalidad la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo”.


En ningún caso se plantea con esta medida la realización de tareas remuneradas ni la ocupación de un puesto de trabajo ya que siempre debe compatibilizarse con tareas formativas del menor.


El objeto específico del convenio es la colaboración institucional para la ejecución de las Prestaciones en beneficio de la Comunidad (PBC) con la realización de tareas educativas (TSE), impuestas por los Juzgados de Menores, así como la realización de actividades reparadoras en favor de la sociedad (RS), que sean acordadas en procesos extrajudiciales de conciliación y reparación.


Para la realización de las prestaciones en beneficio de la comunidad los menores cuentan con el correspondiente seguro de accidentes con cargo a la Consejería de Justicia e Interior, por lo que el Ayuntamiento estará exento del mismo.

Perfil del menor infractor

El perfil tipo de los infractores que se acogen a esta medida responde a un varón, de entre 15 y 17 años, con problemas familiares y fracaso escolar. Los delitos que suelen cometer son robos con fuerza, peleas callejeras y destrozos de mobiliario urbano, etc.

La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales que pueden imponer los jueces de menores a los jóvenes infractores. Entre las tareas a realizar se encuentran aquellas de interés social o el beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y acorde con la naturaleza del hecho cometido. Acompañar a personas mayores, ayudar en centros de salud, recoger basura del botellón o limpieza de parques y grafitis, son algunas de las tareas que que realizan los menores infractores hasta un máximo de 200 horas, aunque la media ronda las 50.