El grupo municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Almuñécar ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno, en la que denuncian la “lesividad” de los acuerdos o convenios suscritos por el gobierno local con algunos arrendatarios de los bajos del Paseo del Altillo, “a quienes se habrían modificado sustancialmente las condiciones de los alquileres, para convertirse en una concesión administrativa con plazo de vencimiento en el año 2033”.

“Y todo ello ‘bajo cuerda’, realizando ‘una radical mutación contractual de arrendamiento en concesión’, sin que el pleno se haya pronunciado de manera explícita sobre ello, con un acuerdo que vulnera el interés general, ‘con flagrante transgresión de las normas de procedimiento’ sin seguir lo establecido en la legislación para la contratación pública administrativa, especialmente la libre concurrencia”, manifiesta el portavoz andalucista Juan Carlos Benavides.

De hecho, denuncian los Andalucistas, no hay un acuerdo plenario que, de forma expresa, acuerde esta modificación sustancial, “ya que el acuerdo plenario de 18 de mayo de 2015, en que se sustenta el gobierno Herrera, sólo aprobó un formulario o modelo de contrato, que en nada modificaba los plazos establecidos en cuanto a la finalización de los arrendamientos ni puede servir de ‘coartada’ para la modificación sustancial que se pretende acordar por la vía de los hechos consumados. Es más, cuando en agosto de 2003 se aprobaron los arrendamientos de los bajos, tras las obras en el Paseo del Altillo, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 fijaba la finalización de los contratos el 1 de enero de 2015 y, en ciertos casos, el 31 diciembre de 2019. Y en la misma línea constan distintos informes emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento”.

Entre los beneficiarios de estos convenios, llama la atención que uno de los titulares sea el padre de una concejal del equipo de gobierno. Unos locales que pagan al Ayuntamiento una renta mensual ridícula en comparación con los precios del mercado, entre 100 y 200 euros/mes, mientras que, en paralelo, se han producido traspasos millonarios. Fuentes de los servicios económicos municipales han cifrado en más de seis millones de euros la pérdida de ingresos que supondría esta prórroga.

“Creemos que estos nuevos convenios son irregulares y lesivos para el interés general del Ayuntamiento, por los que pedimos que se dejen sin efecto todos los convenios o acuerdos que pudieren haber sido concertados desde el año 2015 con los distintos arrendatarios de los locales de los bajos del Altillo, adoptando cuantos acuerdos fueren precisos a tal efecto. A la vez que se realice un informe para delimitar si ha existido quebranto al erario municipal, por la transformación de unas relaciones arrendaticias ya vencidas o próximas a su vencimiento, por concesionales con plazo de vencimiento que llegarían hasta agosto de 2033”, manifiesta Juan Carlos Benavides.