La delegada del Gobierno, Sandra García, junto con el director general de Urbanismo, Alejandro Márquez, y la delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada Oria, han inaugurado las Jornadas "Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía. Proceso participativo para la elaboración de la nueva ley urbanística de Andalucía", que ha contado con la asistencia de más de un centenar de representantes de ayuntamientos de la provincia, empresas, sindicatos colegios profesionales, entre otros.

La jornada, celebrada en la sede de la Junta de Andalucía en Granada, es la tercera que se realiza en la comunidad andaluza, con el fin de hacer partícipes a todos los entes en la elaboración de la Nueva Ley Urbanística de Andalucía. Precisamente ese fue uno de los aspectos destacados por la delegada del Gobierno, que llamó la atención sobre el propósito del Gobierno andaluz de hacer que esta nueva ley “sea 100% participativa, con los ayuntamientos, con los colectivos, con los agentes económicos y sociales, partidos políticos, porque entendemos que el urbanismo es una cuestión de todos, y en donde lo que tiene que imperar es el interés general de todos los andaluces y andaluzas”.

Recordar que fue a finales de 2016 cuando la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio suscribió con los agentes sociales y entidades como la FAMP un decálogo de medidas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos. Fruto de ese compromiso, y de un mandato similar del Parlamento de Andalucía, la Consejería se dispuso a abordar de manera inmediata la revisión de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Por su parte, el director general afirmó que “la Ley tiene que situarte a la altura de las nuevas demandas de la ciudadanía de la sociedad; el modelo actual no está dando adecuadas respuestas a esas nuevas demandas, y lo que queremos es revisar el sistema de una manera participada y conjunta, de ahí que hayamos querido llevar el debate a todos las provincias”.

Entre los motivos que llevan a afrontar esta reforma se encuentran la crisis económica, que necesariamente obliga a replantear ciertos planteamientos; los arduos procedimientos urbanísticos, que se eternizan en el tiempo y revisten una notable complejidad; las numerosas modificaciones sufridas por el actual texto, que aconsejan una actualización del mismo.

Alejandro Márquez señaló también que una ley no pueda ofrecer el mismo tratamiento a todos los municipios, “ya que uno con 300.000 habitantes no tiene las mismas características que otro de 500, de 1.000, de 200 habitantes; necesitamos adaptarnos a esa realidad”. Además destacó el hecho de la nueva Ley profundice en el principio de sostenibilidad.