El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha registrado una moción, que se debatirá en el próximo Pleno Municipal, reclamando el compromiso de la Corporación para que medie entre la empresa y los trabajadores en las negociaciones para que se mantengan los puestos de trabajo amenazados con el expediente de regulación de empleo temporal.

Con esta moción Izquierda Unida quiere expresar de forma pública su solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de Mercomotril y con su lucha en defensa de sus puestos de trabajo y la continuidad de la actividad en condiciones dignas.

La moción propone que el Pleno municipal apoye esta declaración de solidaridad y apoye las acciones judiciales que las trabajadoras y trabajadores están llevando a cabo para que declare ilegal la medida de suspensión de puestos de los contratos de trabajo acordada por la empresa.

Daniela Paqué, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida ha manifestado su apoyo incondicional a la lucha de las trabajadoras y trabajadoras de Mercomotril, informando de las iniciativas que los parlamentarios de su organización están llevando a cabo ante el Parlamento de Andalucía, entre otras, la revisión de las posibles ayudas públicas que haya podido recibir esta empresa para el desarrollo de su actividad en los últimos años.

La portavoz de IU, ha recordado que Mercomotril era una empresa pública hasta que en 1992 fue privatizada "como consecuencia de las políticas neoliberales impulsadas por distintos gobiernos. Una circunstancia que ha permitido la privatización de sus beneficios, cuando las cosas iban bien y que, ahora, como consecuencia de una nefasta gestión, puede tener negativas consecuencias para las trabajadoras y trabajadores y para la sociedad motrileña en general. El cuento de siempre, ha afirmado, se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. Algo intolerable".

La situación por la que está pasando Mercomotril "es consecuencia directa de la reforma laboral impuesta a sangre y fuego por el Partido Popular. Una reforma que está resultando especialmente dañina en el sector agrícola, que es una de las principales actividades económicas en nuestra ciudad. Un sector esencial para el desarrollo económico de nuestra ciudad, que en 2016 contaba con 4.271 afiliados al Régimen Especial Agrario, según la estadística de afiliación a la Seguridad Social", afirma Paqué.

La reforma no sólo ha precarizado las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores, sino que, en muchos casos, "nos ha devuelto a prácticas de la primera mitad del siglo pasado asistiendo a espectáculos deplorables en las plazas de nuestros pueblos en las que los capataces eligen a ojo entre cientos de peones agrícolas desesperados dispuestos a percibir un jornal de miseria con tal de dar de comer a su familia", concluye.