El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de emergencia exterior correspondientes a dos establecimientos industriales que manejan productos peligrosos en las provincias de Granada y Sevilla. Se trata de la planta de almacenamiento de combustibles de la empresa Secicar, SA, localizada en el Puerto de Motril y de la planta hidrometalúrgica del complejo minero de Cobre Las Cruces, en el municipio sevillano de Gerena. Estos dispositivos de prevención y respuesta, que se suman a los ya implantados en la comunidad autónoma para otras 57 instalaciones industriales, se destinan a hacer frente a posibles situaciones de riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.

La planta de Secicar en Motril, dedicada al almacenamiento de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, está formada por tres grandes tanques de gasolina, uno de E-95 (materia prima del etanol), cuatro de gasóleo y otros dos enterrados para posibles devoluciones. El material llega a las instalaciones por brazos de carga marinos, situados en la zona sur de la planta dentro del muelle de Las Azucenas.

Por su parte, Cobre Las Cruces es un complejo minero de extracción de cobre a cielo abierto que incluye una planta de tratamiento por hidrometalurgia situada en el municipio de Gerena. Sus instalaciones producen una media anual de 72.000 toneladas, equivalente al 25% de la demanda nacional.

Los dispositivos de emergencia se diseñan en función de la cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones. Elaborados por la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los planes permiten prevenir y mitigar las consecuencias de posibles accidentes, así como hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes o riesgos graves de contaminación. Se someten a la homologación de la Comisión Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas.

El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser controlable con los recursos de la empresa.

El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada momento.

El plan cuenta con un comité asesor de apoyo a la dirección, constituido por representantes de las consejerías de la Junta; un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección Civil en la provincia, y un gabinete de información.

Los medios humanos y materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así como al Grupo de Emergencia de Andalucía. Su despliegue se prevé mediante el establecimiento de un puesto de mando avanzado que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda la estructura de coordinación, integrando al conjunto de efectivos, corresponde al sistema de Emergencias 112.

Andalucía dispone de un plan territorial de emergencias de ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004); los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios forestales (2010), además de los 35 de emergencia exterior para un total de 59 establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los aprobados hoy).