El presidente del Partido Popular de Motril y diputado nacional Carlos Rojas, ha manifestado su apoyo y el de su formación política al Día Internacional contra la homofobia y transfobia. "El 26 de junio de 2009 el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo para promover el reconocimiento internacional del 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, coincidiendo con la conmemoración de la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud en 1990.
En consecuencia, desde 2010 el Gobierno de España ha venido adoptando una declaración institucional anual coincidiendo con la celebración de este día para manifestar su absoluto compromiso con la erradicación de cualquier forma de discriminación, odio o violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.
La Constitución Española declara en su artículo 10 que 'la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.' Por otro lado, el artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación, y dispone que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. Igualmente, el artículo 9.2 señala que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultural y social'.

Se hace necesario trabajar en la promoción de la igualdad de todas las personas, así como en la prevención y la lucha contra cualquier forma de discriminación, odio o violencia. Desde el Gobierno Central se vienen impulsando acciones concretas, tanto en el ámbito nacional, como internacional, que contribuyen a erradicar definitivamente cualquier discriminación por estos motivos. En el ámbito nacional, el Gobierno ha seguido adoptando distintas medidas para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

Por cuanto se refiere concretamente al ámbito de la educación, el Gobierno ha publicado en 2015 la guía on-line 'Abrazar la Diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico', que recoge las mejores prácticas en materia de identificación y prevención del acoso, junto a recomendaciones dirigidas al conjunto de la comunidad educativa y una propuesta de protocolo de actuación que pueden utilizar los centros educativos interesados en ello.


Igualmente, ha desarrollado la campaña de sensibilización dirigida a jóvenes de entre trece y veinte años 'Yo soy Tú', orientada a fomentar una percepción positiva de la diversidad.

Por cuanto concierne al apoyo a personas que hayan sido víctimas de discriminación, hay que destacar la aprobación de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima de Delito, que prevé una especial valoración de las necesidades de las víctimas de los delitos motivados por su orientación sexual o identidad de género. Además, la convocatoria para 2016 de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha consolidado la posibilidad introducida por primera vez en 2014 de subvencionar programas destinados a fomentar la igualdad de trato y reforzar la asistencia y orientación a víctimas de discriminación, incluyendo la causada por motivos de orientación sexual e identidad de género. Asimismo, las mujeres transexuales se han incluido dentro de los grupos de mujeres beneficiarias de programas de formación de inserción sociolaboral.

Otra medida importante llevada a cabo ha sido la aprobación de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que refuerza la persecución penal de la incitación al odio o a la violencia contra grupos o individuos que estén motivados, entre otras razones, por su orientación sexual o identidad de género, y que agrava el tratamiento penal de estos delitos de odio y discriminación cuando se cometen a través de Internet o de otros medios de comunicación social.

En la misma línea hay que destacar la delegación del Fiscal General del Estado a favor de un Fiscal de Sala de las competencias necesarias para coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en materia de Tutela Penal de la Igualdad y contra la discriminación por, entre otros motivos, la orientación sexual e identidad de género.

Por último, es preciso reiterar, una vez más, el firme compromiso del Gobierno de España para incrementar sus esfuerzos en el ámbito nacional e internacional, a fin de garantizar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de dignidad, libertad e igualdad.