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Aquilino Alonso anuncia un nuevo Plan Estratégico de Consumo que potenciará la participación de la ciudadanía desde la información y la transparencia

El nuevo texto, planteado en el horizonte 2020, se trabajará con la colaboración de entidades locales, las Juntas Arbitrales, el movimiento asociativo y el empresariado
El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha anunciado hoy en Granada durante la celebración de la Jornada de Consumo, un nuevo Plan Estratégico de Consumo, que potenciará la participación de la ciudadanía desde la información y la transparencia.

El objetivo de este plan según ha explicado el consejero, es “continuar promoviendo una ciudadanía activa, con capacidad para defender sus derechos y exigir las mejores opciones posibles, mientras contribuyen a su consecución”. Una ciudadanía, ha continuado Aquilino Alonso, que es “consciente de sus derechos y más activa en su ejercicio; demandando, entre otras cosas, suficiente información y canales de participación efectiva”.

Alonso ha querido resaltar el papel fundamental de “la formación planificada para el consumo informado y responsable a la hora de desarrollar la capacidad crítica de la población frente a las propuestas existentes en el mercado, con especial atención a las personas más vulnerables”. Este nuevo plan, planteado en el horizonte 2020, en palabras del consejero, aprovechará “la experiencia acumulada y las tecnologías a nuestro alcance; el servicio 'Consumoresponde' y su oficina virtual; las plataformas MOOC y las redes sociales”.

Aquilino Alonso ha puesto igualmente en valor que para la preparación de este plan se va a tener en cuenta la opinión de todos los grupos de interés -- administración pública, autonómica y local, las Juntas Arbitrales, el movimiento asociativo y el empresariado -- “para ganar en eficacia y eficiencia, porque identificaremos mejor las áreas de trabajo en las que cada parte puede aportar más, partiendo del papel de autoridad que corresponde a la administración pública”.
Este es uno de los objetivos del encuentro que se ha celebrado hoy en la Escuela Andaluza de Salud Pública, “generar una visión global de la situación y proponer conjuntamente posibles alternativas de mejora, para ejercer mejor nuestras competencias estatutarias; tanto la defensa de los derechos de los consumidores como la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo, así como la aplicación de reclamaciones”, ha expresado el consejero de Salud.

Otro de los aspectos que se ha tratado en esa jornada es ver márgenes de mejorar para ampliar la capacidad “de proteger a la población frente a ofertas inadecuadas o frente a los riesgos de un consumo inadecuado, siempre cuidando más a quienes más lo necesitan, jóvenes y población en desventaja”.
En este sentido, ha recordado que el primer Consejo de Gobierno de esta legislatura aprobó el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, actualmente en tramitación, tras superar el debate a la totalidad en el Parlamento. Con este texto, la Junta de Andalucía amplía y refuerza la protección frente a los desahucios, a través de un sistema de información y asesoramiento a las personas perjudicadas, especialmente las que se encuentran en riesgo de exclusión social; y también con la creación de un tribunal específico de arbitraje que facilite la solución extrajudicial de los conflictos relacionados.
Otras medidas del plan
El Plan incluirá acciones para fortalecer y proteger a los equipos de inspección, como agentes de la autoridad. Su labor de vigilancia e intervención para evitar la comercialización de productos inseguros “es fundamental”, como ha explicado el consejero, para garantizar la seguridad de la población. Sólo durante 2015 se tramitaron 2.568 alertas de productos no alimentarios.
En este sentido, el Plan Estratégico de Consumo vendrá a reforzar la colaboración con las entidades locales, como gobiernos y administración más cercanos a la ciudadanía.
Finalmente, garantizará medidas para impulsar la mediación y el arbitraje, como instrumentos para agilizar la resolución extrajudicial de conflictos; así como procedimientos que agilicen la resolución de expedientes sancionadores, sobre todo en los sectores más conflictivos, como los suministradores de Servicios de Comunicaciones (24%); las empresas financieras (8%) o el sector energético (11%), que han agrupado el 43% de las reclamaciones y denuncias en 2015.

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