El titular del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de FACUA-Consumidores en Acción contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. En los próximos días, el juzgado hará un llamamiento a los casi 4 millones de perjudicados a que se sumen a la causa de forma gratuita.

FACUA ha constituido una plataforma de afectados para facilitarles que se personen sin coste alguno en la #demandaMovistarFusión, hashtag con la que está dándola a conocer en las redes sociales. Pueden sumarse a ella en la web FACUA.org/demandaMovistarFusion.

Tanto si han seguido en Movistar como si se dieron de baja como consecuencia de la subida, los usuarios podrán unirse a la causa judicial abierta por FACUA.

Los consumidores que se hayan quedado en la compañía podrán reclamar la devolución de los 5 euros mensuales en los que se ha visto incrementada su tarifa. Asimismo, FACUA indica que quienes tuvieran contratos de permanencia y se diesen de baja, podrán reclamar en los tribunales que el operador les abone los hasta 190 euros establecidos como penalización si se incumplen sus condiciones, que en aplicación del principio de reciprocidad vinculan tanto a los usuarios como a la empresa.

Demanda presentada en junio

La asociación interpuso la demanda el pasado junio por la subida ilegal que Telefónica de España comenzó a aplicar un mes antes en sus tarifas Movistar Fusión. 5 euros al mes con los que la compañía aumentará sus beneficios en más de 220 millones de euros anuales.

Con esta acción judicial, FACUA actúa en defensa de los intereses generales de los usuarios afectados valiéndose de la legitimación activa para ello que la ley reconoce exclusivamente a las asociaciones de consumidores.

FACUA reclama en su demanda que la subida tarifaria de estas ofertas integradas de servicios de telefonía fija, móvil, televisión e internet en casa sea declarada un acto de deslealtad hacia los consumidores. Y es que desde el lanzamiento de Movistar Fusión, en septiembre de 2012, Telefónica aseguró en su publicidad e información comercial que mantendría sus precios "para siempre", una promesa con valor contractual.

En la demanda, FACUA también ejercita una acción de cesación de la conducta desleal y de prohibición de su reiteración futura, a fin de que Telefónica paralice la subida. Asimismo, plantea una acción de remoción de los efectos producidos en los consumidores, de modo que la compañía tenga que devolver las cantidades cobradas de más como consecuencia de la subida.

Pasividad de las administraciones

FACUA critica la irresponsable pasividad de las administraciones ante este fraude masivo, que obliga a judicializar el caso. La asociación presentó una batería de denuncias contra Telefónica a mediados de abril, sin que ninguno de los organismos con competencias para intervenir en este asunto hayan anunciado medidas para proteger los derechos de los consumidores.

Las denuncias fueron remitidas a tres organismos ministeriales, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del Ministerio de Economía. FACUA también se dirigió a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la compañía tiene su sede social.

El único organismo que dio respuesta fue la CNMC, que decidió justificar la actuación de Telefónica, que calificó de "técnica comercial", con el argumento de que casi todas las compañías de telecomunicaciones incumplen sus compromisos publicitarios. FACUA considera escandalosa la actitud de la autoridad de Competencia ante una clara práctica de competencia desleal y publicidad engañosa con una enorme incidencia en el mercado, ya que la compañía ha logrado captar a de cuatro millones de clientes con las ofertas de Movistar Fusión.