El vicepresidente primero y portavoz del gobierno de la Diputación de Granada, Pedro Fernández, ha afirmado hoy que “la herencia que dejó el anterior equipo de gobierno en la Diputación de Granada ha consistido en el desaguisado de la tasa de tratamiento de residuos sólidos”.

“Hemos abaratado el coste del servicio y hemos adaptado la normativa a la legalidad en un tiempo récord”, ha destacado Fernández, “tal y como han establecido las sentencias que anularon todo el sistema impuesto por el anterior gobierno provincial”.

Por el contrario, ha precisado, “el anterior equipo tardó más de un año y lo hizo sin ajustarse a la legalidad y a pesar de las advertencias que se hicieron desde el grupo socialista”.

El portavoz se ha referido al balance de gestión de estos primeros cien días: “Un tiempo en el que hemos empezado a poner en marcha el proyecto político que queremos desarrollar en estos cuatro años, que tiene como líneas estratégicas la apuesta por el empleo y el desarrollo sostenible; las políticas sociales, la prestación de servicios públicos de calidad, la participación y la transparencia en la gestión”.

Iniciativas de pleno

El portavoz de la institución ha informado también de las iniciativas que se someterán a debate el próximo jueves en el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre.

Así, Fernández se ha referido a la aprobación definitiva plan de inversiones en caminos vecinales, del que se benefician 32 municipios y que supone una inversión de 2 millones de euros. Se trata, según ha explicado, de licitar cuanto antes las obras con el objetivo de que el arreglo de los caminos incluidos en el plan concluya en el menor tiempo posible.

Además, con este plan, se abre la posibilidad de que se pueda delegar la contratación de las obras en los ayuntamientos que lo soliciten.

El portavoz ha avanzado asimismo que se aprobarán dos declaraciones institucionales. La primera será de apoyo a la construcción de la línea Caparacena-Baza-La Ribina y y subestación eléctrica de 400 KV de Baza. El texto solicitará al Ministerio de Industria que se incluya en la planificación estatal de infraestructuras eléctricas 2015-2020.

La exclusión de este proyecto, ha señalado Fernández, que figuraba en el plan anterior, “pone en serio peligro el suministro eléctrico a nuevas iniciativas empresariales, la calidad de los consumos existentes y la evacuación de la electricidad generada por proyectos renovables”.

“También podría suponer una pérdida de inversiones y empleo, así como un retraso en el objetivo de un sistema energético sostenible para la región”, ha destacado.

La segunda declaración institucional está vinculada al Día contra la Violencia hacia las Mujeres, el próximo 25 de noviembre, que realizan de forma coordinada todas las diputaciones andaluzas.

El texto tiene como objetivo, entre otros, impulsar un pacto político social e institucional contra la violencia machista, y establecer los mecanismos necesarios para lograr una plena coordinación para aunar esfuerzos en los procedimientos, programas, bases de recogidas de datos, protocolos de valoración del riesgo de las mujeres y menores en situación de maltrato.

Por último, en el próximo pleno se dará un paso más en la tramitación del expediente para la segregación de la ELA de Torrenueva del municipio de Motril.