La Consejería de Fomento y Vivienda ha acordado con el Ayuntamiento de Guadix la adhesión de este municipio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda impulsado por la Junta de Andalucía y que cuenta con una red de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en la comunidad autónoma. La delegada territorial de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo, y la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea, han firmado hoy el convenio de colaboración, que supone incrementan a 43 los municipios adheridos en la provincia granadina.

Fernández-Bermejo ha reconocido la importancia de que Guadix se sume a esta herramienta, que en Granada ha prestado sus servicios a más de 1.000 familias “gracias a la atención personalizada que se ofrece a todas aquéllas que lo solicitan”.

En la provincia de Granada se han adherido un total de 42 municipios al Pro-grama Andaluz en Defensa de la Vivienda: Albolote, Algarinejo, Almegijar, Almuñecar, Alpujarra de la Sierra, Arenas del Rey, Armilla, Atarfe, Baza, Beas de Granada, Benalúa, Cañar, Cuevas del Campo, Cúllar Vega, Deifontes, El Padul, Freila, Gorafe, Güevejar, Íllora, Iznalloz, Jun, La Malahá, Las Gabias, Lobras, Loja, Maracena, Moclin, Moraleda, Murtas, Orce, Peligros, Polopos, Pulianas, Rubite, Salar, Salobreña, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Torvizcón, Villa-nueva de las Torres y Víznar.

El acuerdo firmado por la Consejería y el Ayuntamiento garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en este municipio de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, el consistorio, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestará asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se compromete, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de la Delegación Territorial de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahucia-das y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. El Ayuntamiento facilitará a la Delegación Territorial de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.