El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes pasado, 14 de julio, por mayoría el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad, una reforma integral que supone refundar el modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, y menos burocracia. Además, blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que la AGE (Administración General del Estado) asuma el 50 % de la inversión.

Por otra parte, el Congreso ha convalidado también este martes el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, y que las CCAA vayan a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, ha dicho Pablo Bustinduy, el ministro que ha impulsado este cambio normativo y esta nueva financiación, en una de las intervenciones que ha hecho este martes desde la tribuna del Congreso. Ha asegurado que lo aprobado este martes en la Cámara Baja supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados, y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”.

Bustinduy ha explicado que la reforma de estas dos leyes avanza en el nuevo modelo de atención que marcó la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización desarrollada por Derechos Sociales. Esto es, cuidados basados en los derechos de las personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos, con el objetivo de dejar atrás el modelo de las macrorresidencias y el enfoque asistencialista, para priorizar e impulsar apoyos personalizados. Asimismo, ha recalcado que convierte en ley lo establecido por el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024, para ampliar los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad y sus familiares.

Blindaje de la financiación de la dependencia

El ministro ha puesto en valor que esta reforma se aprueba al mismo tiempo que el Gobierno amplía la financiación del sistema de la dependencia, gracias al real decreto-ley convalidado este martes; una nueva financiación que es estructural, ha indicado, porque modifica por ley las cuantías del nivel mínimo que la AGE abona a las comunidades autónomas cada mes, duplicándolas, y porque permite culminar el compromiso político que el Gobierno de coalición se fijó para esta legislatura de que la inversión estatal en dependencia alcanzar el 50 % del total.

Esta meta, sumando esta ampliación en el nivel mínimo junto al reparto del nivel acordado, se ha incrementado igualmente, se alcanzará entre 2026 y 2027 con esos 6.200 millones de euros adicionales que recibirán las comunidades autónomas. En total, el Gobierno hará una aportación récord de 7.239,4 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027, el doble que la que hubo en 2025, y permitirá a los gobiernos autonómicos contar con más recursos para continuar reduciendo listas de espera, contratar más profesionales y ofrecer más y mejores servicios.

Este objetivo político del 50 %, además, se convierte ahora en norma, ha subrayado, gracias a que la reforma introduce en la ley que la AGE debe asumir la mitad de la financiación, para así evitar posibles recortes en el futuro. “Hoy podemos dejar atrás la época de los recortes y la austeridad, y blindar el sistema para caminar hacia un verdadero servicio público de cuidados, cercano, resiliente y debidamente financiado”, ha declarado.

Reforma en dependencia

En lo relativo a la ley de dependencia (Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia), la reforma incorpora a la norma modificaciones que permiten una ampliación del catálogo de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, así como priorizar la voluntad y circunstancias de cada persona, y agilizar los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.

“Esta reforma supone que el sistema de cuidados se ajuste a la realidad social de las personas en situación de dependencia, y no al revés”, ha señalado Bustinduy, añadiendo que “se deja de tratar a las personas como meros números y las dota de derechos, dignidad y autonomía”. Además, ha reivindicado que esta reforma responde al desafío demográfico que enfrenta España en los próximos años, con una sociedad cada vez más envejecida. “Que la vida se alargue y las personas mayores tengan posibilidades cada vez mayores de bienestar y calidad de vida, es un logro democrático”, ha afirmado.