El concejal del Partido Popular (PP) de Motril, José Peña Lozano, ha reclamado al Gobierno de España “transparencia, diálogo y seguridad jurídica� ante la reforma del Reglamento General de Costas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, advirtiendo de las consecuencias que determinados cambios podrían tener para los municipios del litoral y para miles de familias vinculadas a actividades económicas desarrolladas en la costa.

La iniciativa reclama al Ejecutivo central que abra un verdadero proceso de diálogo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los colectivos afectados antes de acometer cambios normativos de gran alcance en la regulación del dominio público marítimo-terrestre.

Peña ha señalado que el PP comparte la necesidad de actualizar la normativa de costas, pero ha insistido en que cualquier modificación debe realizarse desde el consenso y teniendo en cuenta la realidad de cada territorio. “Estamos hablando de una reforma que afecta directamente a municipios costeros, empresas y actividades económicas que forman parte de nuestro día a día. No se puede legislar de espaldas a quienes gestionan, trabajan y viven en el litoral�, ha afirmado.

Así, ha explicado que la Costa Tropical presenta características propias que deben ser tenidas en cuenta en cualquier cambio normativo. “No es lo mismo el litoral granadino que el de otras comunidades autónomas. Cada costa tiene unas singularidades y unas necesidades específicas que deben ser escuchadas y valoradas antes de adoptar decisiones que afectan a su presente y a su futuro�, ha indicado.

En este sentido, ha mostrado su preocupación por la incertidumbre que la reforma puede generar en numerosos negocios y actividades económicas vinculadas a las playas y al dominio público marítimo-terrestre. “Los chiringuitos son parte de la identidad de nuestro litoral y un motor económico fundamental. Detrás de ellos hay cientos de puestos de trabajo, inversión, actividad económica y muchas familias que dependen de este sector. No entenderíamos nuestras playas sin ellos�, ha destacado.

Asimismo, ha defendido que cualquier modificación del Reglamento General de Costas debe garantizar la estabilidad de las concesiones existentes y ofrecer seguridad jurídica a empresarios y trabajadores. “Lo que pedimos es diálogo, consenso y garantías. Las administraciones públicas tienen la obligación de escuchar a los sectores afectados y construir una normativa que proteja nuestro litoral sin poner en riesgo la actividad económica y el empleo que genera�, ha añadido.

Por ello, la moción impulsada por el Grupo Popular insta al Gobierno a paralizar cualquier actuación unilateral, convocar a las comunidades autónomas y abrir un proceso de trabajo conjunto que permita alcanzar una reforma consensuada y adaptada a la realidad de las zonas costeras.

El edil popular ha concluido asegurando que el Partido Popular seguirá defendiendo los intereses de Motril y de la Costa Tropical “frente a cualquier decisión que genere inseguridad jurídica o que pueda perjudicar a quienes contribuyen cada día al desarrollo económico y social de nuestro litoral�.